Los pesticidas considerados demasiado peligrosos para Europa siguen fabricándose aquí y exportándose. Los trabajadores agrícolas sudafricanos están hartos.
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Dina Ndelini llevaba más de 40 años trabajando en los viñedos de Ciudad del Cabo cuando, de repente, se quedó sin aliento. Un viaje al hospital derivó rápidamente en una serie de acontecimientos que la llevaron a perder su salud, su trabajo y, con él, su casa.
Según su médico, la causa más probable fue la exposición a un brebaje químico conocido como Dormex, utilizado habitualmente como regulador del crecimiento de las plantas en Sudáfrica, su ingrediente activo, la cianamida, ha sido descrito como altamente peligroso por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA) y prohibido en la UE desde 2009.
A pesar de ello, el Dormex es sólo uno más de una larga lista de productos químicos altamente peligrosos que siguen produciéndose en suelo europeo y vendiéndose a terceros países. Los alimentos fabricados en el extranjero con estas sustancias químicas se importan después para venderlos en los estantes de los supermercados europeos.
La de Dina fue una de las muchas historias compartidas por trabajadores agrícolas y profesionales del derecho y la salud en un reciente Tribunal Popular sobre Agrotóxicos, celebrado en el corazón de la mundialmente conocida región vinícola de Stellenbosch, en Sudáfrica, del 21 al 23 de marzo.
Aunque no se trata de un tribunal formal, esta audiencia dirigida por la comunidad ofrece un espacio para que los afectados compartan sus testimonios ante jueces expertos que examinan las denuncias de violaciones del derecho internacional, incluidos los derechos humanos y medioambientales.
Los trabajadores agrícolas sudafricanos piden a Europa que deje de enviar "venenos"
Preguntada por su mensaje a Europa, Dina fue clara. "Como trabajadores agrícolas decimos basta, no queremos más pesticidas de Europa", afirma, instando al bloque a "dejar de enviarnos sus venenos". Este sentimiento se repitió muchas veces a lo largo de los días que duró el tribunal, en el que los trabajadores subieron al estrado para compartir sus historias sobre el impacto de la exposición a los pesticidas en sus vidas, desde daños pulmonares hasta cáncer de ovarios y problemas de visión.
"Si no es lo bastante bueno para los europeos, ¿por qué creen que lo es para nosotros?", afirma otro trabajador agrícola, que desea permanecer en el anonimato, y añade que los consumidores europeos deberían conocer "la realidad humana que hay detrás del vino que beben".
Según el Centro Africano para la Biodiversidad, en Sudáfrica se siguen utilizando legalmente 192 pesticidas altamente peligrosos, 57 de los cuales están prohibidos en la UE. Algunos son neurotóxicos o cancerígenos, mientras que otros se consideran tóxicos agudos para el medio ambiente.
La mujeres, las más perjudicadas por los pesticidas
Quienes están en primera línea de exposición son los trabajadores agrícolas y sus familias que viven en las proximidades de las fumigaciones y que se encuentran en el escalón más bajo de las complejas desigualdades de riqueza y poder del país, arraigadas en su pasado de apartheid.
Con contratos precarios, sobrecargados de trabajo, mal pagados y escasamente protegidos, los trabajadores agrícolas apenas tienen voz en la gestión de estas explotaciones, dirigidas por los ricos terratenientes 'boers' (granjeros).
Las más expuestas son las mujeres, biológicamente más susceptibles a la exposición a los pesticidas y más vulnerables en las sociedades sudafricanas, según el proyecto sudafricano Women on Farms (WFP), una ONG que trabaja para proteger a las trabajadoras del campo en Cabo Occidental y Septentrional.
A lo largo del tribunal, las trabajadoras afirmaron en repetidas ocasiones que no se les proporcionaba equipo de protección personal, y muchas testificaron que las mujeres suelen llevar pañuelos para cubrirse la cara mientras trabajan. Otros afirmaron no tener acceso a agua corriente ni a aseos en los viñedos.
La prohibición de las exportaciones de pesticidas es una "flagrante doble moral"
Los intentos de alinear las normas comerciales están en el punto de mira en Bruselas, con la publicación de una nueva hoja de ruta política de la UE para la agricultura que establece planes para restringir las importaciones de alimentos de terceros países con residuos de pesticidas prohibidos en Europa. No es la primera vez que la UE se plantea una medida de este tipo, ya que desde hace años se rumorea que la Comisión podría frenar la exportación de plaguicidas prohibidos.
Pero los planes se enfrentan a la firme oposición de los grupos de la agroindustria, entre ellos el grupo de presión de los pesticidas CropLife, que desde hace tiempo sostiene que estos pesticidas son necesarios en determinadas circunstancias.
"Las realidades productivas de la agricultura sudafricana son enormemente diferentes, por lo que es difícil compararlas con las de otros países y regiones", afirmó CropLife South Africa en un comunicado posterior al tribunal. Sostiene que los diferentes cultivos, plagas y condiciones climáticas requieren "diferentes soluciones y pesticidas en diferentes momentos".
Este argumento no tiene peso para el relator especial de la ONU sobre tóxicos y derechos humanos, el doctor Marcos Orellana. "El cuerpo humano es el mismo en todas partes; lo que difiere es la falta de capacidad de las instituciones gubernamentales para hacer frente a los riesgos que se imponen a las personas en situación de vulnerabilidad", afirma, calificándolo de "flagrante doble rasero".
La protección internacional, un ejercicio de "marcar casillas"
Sudáfrica cuenta con sistemas jurídicos que regulan el uso de estos productos químicos y está trabajando para eliminar progresivamente los plaguicidas altamente peligrosos en un futuro próximo, pero los participantes en el tribunal argumentaron que a menudo no se hace cumplir la normativa. Mientras tanto, los trabajadores agrícolas suelen desconocer sus derechos o son reacios a defenderlos.
Para Orellana, de la ONU, el argumento de que los Gobiernos son soberanos para tomar sus propias decisiones "subraya [la] falta de capacidades en muchos, si no en la mayoría, de los países en desarrollo implicados en el comercio internacional de pesticidas" y excluye la cuestión de "la corrupción y la captura corporativa de las instituciones gubernamentales que toman estas decisiones".
En términos más generales, un tratado internacional llamado Convenio de Rotterdam está diseñado para fomentar la toma de decisiones informadas por parte de los países que comercian con productos químicos peligrosos.
Pero para Andrea Rother, jefa de la división de salud ambiental de la Universidad de Ciudad del Cabo, el convenio es demasiado engorroso para ser eficaz. "Para cuando un plaguicida se incluye en la lista, suele estar obsoleto", afirma, y añade que el Convenio es "más un ejercicio de 'marcar casillas'" que un verdadero mecanismo de salvaguardia.
Al señalar que ningún país africano fabrica sus propios ingredientes de pesticidas, Rother sostiene que una prohibición por parte de la UE sería una "gran ayuda" para Sudáfrica. "Hay alternativas a estos pesticidas", afirma, y argumenta que una prohibición de este tipo a las exportaciones podría ser un "catalizador" hacia sistemas agrícolas más sostenibles.
Para la coordinadora de campañas del PMA, Kara MacKay, cada día que la UE continúa con la producción y exportación a Sudáfrica de estos productos químicos prohibidos por la UE es otro que es "cómplice del envenenamiento diario con pesticidas de los trabajadores y habitantes de las granjas" y afirma que "debemos poner fin a este comercio tóxico; argumentar lo contrario revela un pensamiento racista y colonial injustificado"
Mientras tanto, los jueces expertos que juzgan al Tribunal Popular evaluarán las pruebas presentadas por Dina y el resto de los trabajadores agrícolas, antes de ofrecer su veredicto y asesoramiento jurídico dentro de unos meses.