El Tribunal de Cuentas de la UE ha exigido más transparencia en los contratos de financiación de la UE a organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro, a pesar de no haber hallado pruebas de irregularidades ni por parte de las ONG ni de funcionarios de la Comisión Europea.
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La financiación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) por parte de la Comisión Europea es "opaca" y expone al Ejecutivo a un "riesgo para su reputación", según ha concluido el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) tras una larga investigación. Pero su informe puede no ser la prueba irrefutable que algunos críticos esperaban.
Laima Andrikienė, miembro del TCE responsable del informe, declaró a la prensa en una reunión informativa poco antes de su publicación: "Durante nuestra auditoría no hemos encontrado ni un solo caso de ONG que haya vulnerado los valores de la UE".
Andrikienė advirtió de que su oficina había examinado una muestra aleatoria de sólo 90 contratos y podía haber pasado algo por alto. "Tenemos cientos de miles de ONG", dijo Andrikienė. "Cualquier caso, cualquier ejemplo de ONG que incumpla los valores de la UE pondría en peligro la reputación de la Unión Europea".
Además, confirmó que no hay ninguna restricción para que los grupos de la sociedad civil expongan sus argumentos directamente a los legisladores, que están obligados a publicar los detalles de todas las reuniones con grupos de presión, ya sean de la sociedad civil o de empresas.
"Desde nuestro punto de vista, las normas permiten a las ONG ejercer presión", Andrikienė. "Si queremos algo diferente, deben decidirlo los legisladores, no los auditores". El TCE publicó sus conclusiones en un momento en que la cuestión de la financiación de las ONG se ha convertido en un tema político divisivo en Bruselas.
El Parlamento Europeo rechazó la semana pasada por un solo voto una moción para censurar al Ejecutivo de la UE por las subvenciones de funcionamiento desembolsadas a través del programa medioambiental LIFE.
El conservador Partido Popular Europeo (PPE) afirma que la Comisión dio instrucciones a las ONG para que presionaran a los miembros del Parlamento con el fin de impulsar políticas específicas dentro del Pacto Verde, una agenda política central del primer mandato de la presidenta Ursula von der Leyen entre 2019 y 2024.
No hay ninguna prueba que respalde estas acusaciones
Sin embargo, el grupo y sus aliados más a la derecha no han presentado ninguna prueba concreta que respalde estas acusaciones. No obstante, el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin, reconoció en enero que había sido "inapropiado que algunos servicios de la Comisión suscribieran acuerdos que obligan a las ONG a presionar específicamente a los miembros del Parlamento Europeo".
Pero a pesar de los planes de algunos grupos del Parlamento y de las investigaciones de los medios de comunicación sobre copias filtradas de acuerdos confidenciales de subvenciones operativas, no se ha demostrado que existan tales obligaciones, que los grupos ecologistas han negado con vehemencia.
Y parece que la oficina de auditoría con sede en Luxemburgo, que examinó dos subvenciones de funcionamiento del Programa LIFE (en el informe no se nombra a ninguna ONG) durante su investigación, ha sacado el mismo resultado.
Según Tomasz Kokot, funcionario del TCE que trabajó en la auditoría, en los programas de trabajo que los solicitantes deben elaborar al pedir las subvenciones se detallaban algunos "elementos de presión". Pero los auditores no estaban en condiciones de decir si -como han afirmado los legisladores de derechas- los funcionarios de la Comisión habían exigido tales compromisos a los solicitantes.
"Todo lo que podemos decir es que no hemos encontrado pruebas concluyentes de ninguna de esas situaciones", declaró Kokot a los periodistas. También se preguntó a los auditores por qué decidieron centrar su investigación en las ONG de Alemania, España y Suecia, a pesar de haber declarado explícitamente que uno de los principales factores que motivaron su investigación fue el escándalo de 2022 en el que estaban implicados funcionarios qataríes, en el que supuestamente se utilizaron ONG para canalizar dinero hacia legisladores corruptos, un asunto que sigue coleando.
"Los elegimos porque eran los que más gastos habían declarado", dijo Andrikienė, nombrando el Fondo Social Europeo Plus y el Fondo de Asilo, Migración e Integración como las dos fuentes más importantes.
Respuesta de la Comisión
El TCE hizo tres recomendaciones a la Comisión. El Ejecutivo comunitario dijo que "acepta parcialmente" actualizar la definición legal de ONG para aclarar antes de fin de año los criterios de "independencia del Gobierno" y la situación en la que una "entidad persigue los intereses comerciales de sus miembros".
Del mismo modo, sobre la petición de mejorar para 2029 el Sistema de Transparencia Financiera, que permite realizar búsquedas y detalla el gasto de la UE en línea, la Comisión dijo que "exploraría la viabilidad" de aplicar actualizaciones más frecuentes.
La tercera recomendación fue la única que el Ejecutivo comunitario aceptó plenamente: "explorar la viabilidad de desarrollar los sistemas actuales para incluir la verificación basada en el riesgo del cumplimiento de los valores de la UE por parte de los beneficiarios (incluidas las ONG), con el fin de detectar posibles infracciones". El plazo límite es 2028.
En cuanto a las supuestas actividades de grupos de presión a través de ONG, la Comisión se remite a las orientaciones publicadas el pasado mes de mayo -poco después del inicio de la auditoría-, en las que "se aclara que los acuerdos de financiación que impliquen actividades específicamente detalladas dirigidas a las instituciones de la UE y a algunos de sus representantes, aunque sean jurídicamente correctos, pueden entrañar un riesgo para la reputación de la Unión".
Los funcionarios responsables de la asignación de fondos deben tener en cuenta estas orientaciones. Ariel Brunner, director de BirdLife Europe, beneficiaria de una subvención de funcionamiento, consideró que el hecho de que el TCE no detectara ningún problema con la financiación del Programa LIFE era una reivindicación. "Este informe confirma lo que venimos diciendo desde hace tiempo: el verdadero problema no son las ONG reputadas, sino los grupos de presión disfrazados de sociedad civil".
"Lo que sí han encontrado es un fallo de la Comisión y de los gobiernos nacionales a la hora de comprobar quién está realmente detrás de algunas supuestas ONG que no representan los intereses públicos", dijo Brunner.