Las normas ya estaban sometidas a una extraordinaria flexibilidad por la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. La modificación permitía a los Estados miembros inyectar dinero público con mayor facilidad en empresas con dificultades y hogares vulnerables.
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha cumplido su promesa de relajar aún más las normas de la UE sobre subvenciones nacionales para evitar que las empresas de tecnología ecológica se deslocalicen y marchen a Estados Unidos. También se busca mantener la capacidad del bloque comunitario para competir a escala mundial.
Las normas ya estaban sometidas a una extraordinaria flexibilidad por la invasión rusa de Ucrania y la crisis energética. La modificación permitía a los Estados miembro inyectar dinero público con mayor facilidad en empresas con dificultades y hogares vulnerables.
La reacción ante la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU.
Pero la aprobación el pasado verano de la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), un programa de enormes ayudas estatales impulsado por el presidente estadounidense Joe Biden, ha llevado a la Comisión a ampliar aún más su marco y alcance para proteger a las compañías nacionales necesarias para luchar contra el cambio climático.
En los próximos diez años, la IRA repartirá hasta 369 000 millones de dólares en créditos fiscales y reembolsos directos para ayudar a las empresas a aumentar la producción de tecnología ecológica innovadora. Pero solo si estos productos se fabrican principalmente en Estados Unidos.
Bruselas considera que esta legislación es discriminatoria, injusta e ilegal. Teme además que la generosidad de Washington provoque un significativo éxodo industrial hacia el otro lado del Atlántico, propiciando un golpe letal a la competitividad de la UE a largo plazo.
Baterías, paneles solares, turbinas eólicas...
Con todo esto en mente, la Comisión ha adaptado normas sobre ayudas estatales que simplifican la aprobación de subvenciones en seis ámbitos clave: baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor, electrolizadores -aparatos necesario para obtener hidrógeno ecológico- y tecnología de captura de carbono. También para la producción de los componentes y materias primas necesarios para fabricarlos.
Los nuevos procedimientos permitirán mayores márgenes para que los Estados miembro otorguen dinero público -en forma de subvenciones, préstamos o créditos fiscales- con el objetivo de apoyar el desarrollo de estos productos de tecnología verde, indispensables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad climática en 2050.
Luchar contra la deslocalización
En los casos en los que el riesgo de deslocalización sea alto, los países podrán igualar las subvenciones ofrecidas por un Gobierno no europeo, como el estadounidense, y retener a la empresa dentro de las fronteras de la UE. Alternativamente, los Estados podrán compensar la brecha de financiación que la empresa calcule tener.
Esta opción, conocida como "ayuda de contrapartida", se considera el elemento más innovador de las normas flexibilizadas y plantea la posibilidad de una competición de subvenciones entre Estados de la UE y terceros países a costa de los contribuyentes.
La Comisión admite que este escenario es probable y ha propuesto varias salvaguardas para garantizar que la cuestión no se vaya de las manos. Entre ellas, obligar a que la ayuda se conceda en zonas menos desarrolladas o a que el proyecto se ubique en al menos tres Estados miembros.
Medidas para evitar que Francia y Alemania se lo lleven todo
La empresa que se beneficie de la "ayuda de contrapartida" lo hará con la condición de que no se deslocalizará fuera de la UE en los siguientes cinco años, o en tres años en el caso de las PYME.
Las nuevas reglas se aplicarán hasta finales de 2025, pero los desembolsos podrán continuar después.
Las salvaguardas parecen haber sido diseñadas para evitar que Alemania y Francia sigan acumulando subvenciones para sus industrias nacionales.
Ambos países concentraron el 77% de los 672 000 millones de euros de programas aprobados para 2022. Una cifra asombrosa que llevó a otros países a instar a la Comisión a extremar el cuidado antes de relajar aún más estas normas.
Una medida "no inocente"
Margrethe Vestager, Comisaria responsable de la política de competencia, insiste en que las reglas modificadas serán "proporcionadas, concretas y temporales".
Pero a principios de febrero, cuando adelantó por primera vez los cambios, advirtió que utilizar dinero de los contribuyentes para beneficiar a empresas elegidas a dedo "solo tiene sentido si se beneficia toda la sociedad. Emplear ayudas estatales para dedicarse a la producción en masa e igualar las subvenciones extranjeras es algo nuevo. Y no es inocente".