Frontex debe retirarse de los países que no rescatan a los migrantes en el mar o violan los derechos fundamentales. De lo contrario, la UE corre el riesgo de convertirse en "cómplice" de las muertes, ha advertido el Defensor del Pueblo Europeo en un nuevo informe.
PUBLICIDADLas conclusiones, publicadas el miércoles por la mañana, ofrecen una visión más detallada de la relación, a menudo tensa, entre la agencia de fronteras de la UE y los 27 Estados miembros.
La investigación de la Defensora del Pueblose inició a raíz del naufragio del Adriana en junio de 2023, cuando una embarcación abarrotada se hundió frente a las costas de Mesenia (Grecia) y dejó más de 600 muertos confirmados o presuntos.
El organismo de control no concluye que Frontex "incumpliera ninguna de las normas y procedimientos pertinentes", pero señala que su capacidad para operar en el mar se ve gravemente mermada por su diseño, que hace que la agencia dependa del consentimiento y la buena voluntad de las autoridades nacionales.
Como consecuencia, Frontex tiene un margen limitado para actuar con independencia, incluso en casos extremos en los que la vida de las personas corre peligro inmediato.
"Existe una tensión evidente entre las obligaciones de Frontex en materia de derechos fundamentales y su deber de apoyar a los Estados miembros en el control de la gestión de las fronteras", afirmó Emily O'Reilly.
"Cooperar con las autoridades nacionales cuando existen dudas sobre el cumplimiento de sus obligaciones de búsqueda y rescate entraña el riesgo de convertir a la UE en cómplice de acciones que violan derechos fundamentales y cuestan vidas."
En referencia al naufragio del Adriana, el informe afirma que Frontex era "plenamente consciente" de las preocupaciones que durante años han asediado a las autoridades griegas, incluidas las acusaciones documentadas de rechazos sistemáticos. Y sin embargo, a pesar de este conocimiento, las normas "impidieron a Frontex adoptar un papel más activo en el incidente del Adriana".
El Defensor del Pueblo lamenta la falta de directrices internas de la agencia para emitir llamadas Mayday, un procedimiento internacional para alertar de emergencias que ponen en peligro la vida. Frontex no emitió un relevo Mayday cuando detectó por primera vez al Adriana a través de la vigilancia aérea.
Sin embargo, la culpa no es toda de la agencia: las autoridades griegas no respondieron al mensaje de Frontex en "cuatro ocasiones distintas" durante la tragedia y rechazaron la oferta de la agencia de enviar un avión adicional a la zona, dice el informe. (Atenas ha iniciado varias investigaciones para esclarecer las circunstancias).
Basándose en éste y otros episodios similares, el Defensor del Pueblo recomienda que Frontex "ponga fin, retire o suspenda sus actividades" en los Estados miembros que incumplan persistentemente sus obligaciones de búsqueda y rescate o violen los derechos fundamentales.
La cooperación de Frontex con Grecia, en la que participan unas 500 oficinas permanentes y personal en el continente y las islas del Egeo, ha sido un tema candente de conversación desde el naufragio del Adriana. Tras la tragedia, el responsable de derechos fundamentales de la agencia pidió la suspensión de las actividades, pero su director ejecutivo, Hans Leijtens, matizó posteriormente la sugerencia, diciendo que la decisión debía ser "equilibrada".
En su informe, Emily O'Reilly advierte de que si Frontex sigue trabajando con los países de primera línea sin experimentar "cambios significativos", el compromiso de la UE con la protección de las vidas humanas quedará en entredicho. Por ello, O'Reilly insta al bloque a modificar el mandato legal de la agencia y garantizar un mayor grado de independencia.
La Defensora del Pueblo pide la creación de una comisión de investigación
"Frontex incluye 'guardacostas' en su nombre, pero su mandato y misión actuales se quedan claramente cortos", afirma. "Si Frontex tiene el deber de ayudar a salvar vidas en el mar, pero faltan las herramientas para ello, entonces es claramente un asunto que compete a los legisladores de la UE".
Además, la Defensora del Pueblo pide la creación de una comisión de investigación independiente que pueda examinar el gran número de muertes en el Mediterráneo y la responsabilidad de las autoridades nacionales, Frontex y las instituciones de la UE.
¿Cuántas muertes de migrantes ha habido en el Mediterráneo?
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo no ha dejado de crecer en los últimos años: 2.048 en 2021, 2.411 en 2022 y 3.041 a finales de 2023.
Frontex calcula que rescató a 43.000 personas en el mar y devolvió a 39.000 migrantes a su país de origen en 24 operaciones en 2023, año en el que se registraron "los niveles más altos de migración irregular desde 2016."
Frontex, responde
Tras la publicación de este informe, Frontex asegura estar revisando las sugerencias de la la Defensora del Pueblo. Dicen que sus actividades siempre se realizaron "de acuerdo a la legislación vigente".
"Nuestra agencia se ciñe estrictamente a su tarea, que no incluye la coordinación de las labores de rescate, una responsabilidad que recae en los centros nacionales de coordinación de salvamento", señalaron.
PUBLICIDADDesde la agencia insisten en que cuando sus agentes "detectan posibles situaciones de peligro, alertamos rápidamente a las autoridades competentes".
Por su parte, la Comisión Europea, que también aparece citada en el informe, dijo que respondería a O'Reilly a su debido tiempo, pero no confirmó si apoyaría cambios en la cúpula de Frontex.
Un portavoz pidió a los Estados miembros que investiguen las muertes de inmigrantes de forma "rápida, independiente y exhaustiva". "No queremos que se produzcan tragedias de este tipo", dijo el portavoz.