La Unión Europea está "financiando" instituciones libanesas sin supervisar su cumplimiento de los derechos fundamentales, afirma Human Rights Watch.
PUBLICIDADLos refugiados sirios que intentan llegar a Chipre desde Líbano están siendo retenidos por las autoridades libanesas, financiadas por la UE, y expulsados por la fuerza a su país de origen a pesar de huir de la guerra y la persecución, afirma un nuevo informe publicado el miércoles por Human Rights Watch.
Los guardacostas chipriotas están permitiendo estas expulsiones forzosas al empujar a los refugiados de vuelta a Líbano, mientras que la UE está inyectando dinero a las fuerzas armadas libanesas responsables de repetidos abusos contra los derechos humanos, dice también el informe.
"A pesar de la palabrería de los donantes europeos sobre las obligaciones en materia de derechos humanos, la financiación europea a los organismos de seguridad libaneses para la gestión de las fronteras ha continuado mientras esos mismos organismos han llevado a cabo retiradas abusivas y expulsiones sumarias de refugiados sirios", señala el informe.
La ONG, con sede en Nueva York, recopiló las conclusiones basándose en pruebas fotográficas y de vídeo, datos de seguimiento de aviones y embarcaciones, así como en los testimonios de dieciséis refugiados y solicitantes de asilo sirios que habían intentado abandonar Líbano, donde se enfrentaban a condiciones cada vez más hostiles.
De los dieciséis refugiados, quince habían sufrido abusos contra los derechos humanos a manos de las autoridades libanesas o chipriotas, como detenciones, palizas, inmovilizaciones corporales e insultos verbales.
Once de ellos habían sido devueltos por la fuerza a Siria por las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF), incluidos cuatro que habían sido devueltos anteriormente de Chipre a Líbano.
"No sólo se trata de una violación flagrante del derecho a solicitar protección internacional -que es su derecho, y que les fue denegado sumariamente tanto por las autoridades chipriotas como por las libanesas-, sino que también fueron golpeados, empujados, esposados, detenidos arbitrariamente y sometidos a tratos inhumanos", declaró a Euronews Nadia Hardman, investigadora de la División de Derechos de los Refugiados y Migrantes de Human Rights Watch.
"Todo ello antes de lo que es la parte más devastadora de la historia, cuando a veces se ven obligados a regresar a Siria, donde hemos documentado (...) la forma en que los refugiados retornados son detenidos arbitrariamente, desaparecidos y a veces asesinados", añadió.
Hardman afirma que las acciones de las autoridades chipriotas y libanesas suponen una clara violación del principio jurídico de "no devolución", que prohíbe a un Estado deportar a cualquier persona a un país en el que pueda sufrir tratos crueles o degradantes.
Las condiciones a las que se enfrentan los refugiados sirios en Líbano -que acoge al mayor número de refugiados per cápita del mundo, entre ellos 1,5 millones de refugiados sirios- han empeorado significativamente en los últimos años a medida que crece la hostilidad contra los refugiados.
En abril se detectó un fuerte aumento del número de refugiados sirios que cruzaban irregularmente a Chipre, Estado miembro de la UE, en medio de la creciente inestabilidad regional, lo que llevó a las autoridades chipriotas a suspender la tramitación de las solicitudes de asilo.
La UE respondió en mayo con un paquete financiero de 1.000 millones de euros para Líbano hasta 2026, que incluye dinero para equipar y formar a las Fuerzas Armadas libanesas para gestionar mejor la frontera.
La mitad del paquete (500 millones de euros) se aprobó en agosto, de los cuales 368 millones se destinaron a ayudar a las personas vulnerables en Líbano, incluidos los refugiados sirios. Los 132 millones de euros restantes se destinaron a aplicar una serie de reformas económicas y de seguridad, entre ellas intensificar "el apoyo al sector de la seguridad y la gestión de las fronteras", según la Comisión.
La UE "financia" instituciones sin "controles significativos"
Human Rights Watch afirma que el bloque está canalizando dinero hacia las autoridades e instituciones estatales libanesas sin los controles y equilibrios necesarios para garantizar que cumplen los derechos fundamentales.
"No hay una condicionalidad para que estas instituciones, estas agencias cumplan con los principios fundamentales de los derechos humanos", dijo Hardman a 'Euronews'. "De hecho, lo que hemos visto con el acuerdo UE-Líbano es casi una recompensa. Aquí tenemos otra promesa de proporcionar sumas escandalosas de dinero sin ningún tipo de condicionalidad", dijo, añadiendo que su organización no está en contra de financiar a las autoridades libanesas, pero que es necesario introducir condiciones claras y mecanismos de control para garantizar que la UE no es cómplice de estos abusos.
PUBLICIDADLa ONG también pone en duda la capacidad del Ejecutivo de la UE para determinar si los socios que contrata para prestar apoyo en la gestión de fronteras a las autoridades libanesas -como el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD), con sede en Viena- cumplen los derechos fundamentales, dado que no están sujetos a los marcos de derechos humanos de la UE.
La Comisión Europea dijo a Human Rights Watch en una carta fechada el 20 de agosto que las intervenciones financiadas por la UE llevadas a cabo por el ICMPD son "seguidas de cerca por la Comisión Europea, incluso a través de la Delegación de la UE en Beirut".
"Antes de cada pago [a ICMPD], la UE lleva a cabo una verificación del progreso financiero y operativo sobre la base de los informes narrativos y financieros presentados por el socio ejecutor", añade la carta, según Human Rights Watch.
La ONG añade que en documentos internos a los que ha tenido acceso, el Ejecutivo de la UE reconoce que "los agentes de seguridad que se benefician de proyectos de la UE pueden actuar en contra de las normas internacionales de Derechos Humanos."
PUBLICIDADChipre aspira a la Comisaría para el Mediterráneo
Las revelaciones de Human Rights Watch se producen mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, entrevista a los candidatos para formar parte de su próximo Colegio de Comisarios encargados de dirigir la labor del poderoso Ejecutivo de la UE durante los próximos cinco años.
El candidato chipriota, Costas Kadis, declaró el lunes a los medios chipriotas que el nuevo cargo de Comisario Europeo para el Mediterráneo "interesa" a su Gobierno.
Esa función consistiría en supervisar los acuerdos de gestión de la migración del bloque con los países de su vecindad meridional, incluidos los acuerdos vigentes con Egipto, Líbano, Mauritania y Túnez para frenar los flujos migratorios. Algunos de estos acuerdos han sido duramente criticados por los defensores de los derechos humanos por ignorar las violaciones documentadas de estos países.
En sus prioridades políticas para el próximo mandato, Von der Leyen promete seguir desarrollando "relaciones estratégicas" en materia de Migración y Seguridad con países no pertenecientes a la UE, y añade que un "nuevo Pacto por el Mediterráneo" tendrá como objetivo profundizar en estas asociaciones. Human Rights Watch cuestiona la conveniencia de asignar la cartera a Chipre.
PUBLICIDAD"Chipre está llevando a cabo expulsiones ilegales. Están obligados por el marco y las normas de derechos humanos de la UE, que son muy potentes y se están ignorando", afirmó Hardman.
"Hasta que no haya una investigación y una rendición de cuentas por lo que son esencialmente violaciones flagrantes del derecho internacional, no creo que deban estar a cargo de una cartera en la que se ocuparán de cuestiones importantes como Migración".