Las autoridades polacas admitieron que, desde el punto de vista jurídico, "no tiene precedentes" que otro país europeo conceda asilo a un fugitivo buscado en virtud de una orden de detención europea.
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El Gobierno de Hungría concedió el jueves asilo político al exministro de Justicia de Polonia y actual legislador del PiS, Marcin Romanowski, buscado en su país por presunta corrupción durante su etapa como miembro del anterior Gobierno del PiS.
Las autoridades polacas llevan buscando a Romanowski desde la semana pasada, después de que un tribunal polaco aprobara una petición de prisión preventiva para el legislador. Tras una búsqueda infructuosa, los fiscales emitieron una orden europea de detención contra Romanowski, alegando indicios de que se encontraba en el extranjero.
Horas antes de que el abogado de Romanowski anunciara que el legislador había obtenido asilo político en Hungría, el primer ministro polaco, Donald Tusk, advirtió contra cualquier "decisión extraña" de las autoridades húngaras.
"En caso de que Budapest tomara alguna decisión extraña que fuera incompatible con la legislación europea, como conceder asilo político o ignorar la orden de detención europea, Viktor Orbán sería el que estaría en una posición precaria, no yo", señaló Tusk.
Una acción hostil por parte del Gobierno de Hungría
En una publicación en la red social X, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, considera la decisión de Budapest como un "acto hostil".
Al salir de una cumbre del Consejo Europeo el jueves, el líder húngaro, Viktor Orbán, eludió en gran parte las preguntas sobre la medida adoptada, diciendo a los periodistas que había un "proceso legal" en curso".
Romanowski fue viceministro de Justicia de 2019 a 2023 bajo el antiguo partido nacionalista y conservador Ley y Justicia, PiS.
Los fiscales afirman que cometió 11 delitos en su papel de supervisión del llamado Fondo de Justicia, una reserva de dinero dedicada a ayudar a las víctimas de delitos. Así, se le acusa de formar parte de un grupo delictivo organizado que adjudicaba contratos financiados por el fondo a licitadores seleccionados que no cumplían los requisitos, defraudando, en última instancia, al Estado polaco, más de 107 millones de euros.
El abogado de Romanowski, Bartosz Lewandowski, afirma que su caso está "políticamente motivado", ya que fue presentado por fiscales bajo el Gobierno de Tusk, cuyo partido, Plataforma Cívica, venció al PiS en las elecciones de 2023.
"Marcin Romanowski indicó que no puede contar con un juicio justo en Polonia debido a la implicación política de algunos jueces", señaló Lewandowski. Así, añadió que su cliente estaría dispuesto a hacer frente a los cargos si se presentaran "una vez que se restablezcan las normas del Estado de Derecho en Polonia".
Es raro que otro país europeo acepte conceder asilo a un fugitivo buscado en virtud de una orden de detención europea. La portavoz de la fiscalía polaca, Anna Adamiak, admitió que se trata de un caso "sin precedentes" que no se había previsto al elaborar la normativa.
Así, añadió que aunque Romanowski reciba protección internacional en Hungría, "eso no puede impedir que Hungría lleve a cabo el procedimiento relacionado con esta orden de detención europea".
Romanowski no es el único político del PiS al que la Fiscalía polaca busca por delitos cometidos durante su mandato.
Los fiscales pretenden presentar cargos contra varios ministros, entre ellos el exviceministro de Asuntos Exteriores, Piotr Wawrzyk, por la presunta entrega de miles de visados de trabajo a Polonia, a cambio de dinero en efectivo, en un escándalo que empañó la reputación del partido antiinmigración en vísperas de las elecciones generales.
El PiS ha alegado que el nuevo Gobierno está utilizando el sistema judicial para atacar injustamente a la oposición.