El organismo da la razón al juzgado de Catarroja que investiga la tragedia que asoló la Comunidad Valenciana el pasado mes de octubre. La jueza declarará a un bebé de 8 meses de gestación como la última víctima mortal, que ascenderán a 229.
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El exsecretario de Emergencias de la Generalitat valenciana, Emilio Argüeso, ya cuenta oficialmente desde esta mañana con la condición de investigado por parte de la Audiencia de Valencia, que da la razón a la jueza que lleva la causa principal sobre la DANA y quien pidió su imputación.
Este tribunal provincial considera que la decisión de la jueza "no es irrazonable ni arbitraria (…) teniendo en cuenta cuál es el objeto de la investigación", en alusión a la Fiscalía, que recurrió que se le investigase.
Casi en paralelo, miles de personas (5.000, de acuerdo con los datos de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana) salieron este domingo a las calles de Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y de su Ejecutiva regional ante su inacción durante las devastadoras inundaciones que causaron centenares de muertos.
Las inundaciones dejaron al menos 228 muertos, miles de personas sin hogar y causaron daños por valor de millones de euros. La jueza de la castigada ciudad de Catarroja que investiga la tragedia se plantea incluir, de acuerdo con las asociaciones convocantes, a la víctima número 229: un bebé de ocho meses de gestación.
La manifestación del domingo, organizada por más de 200 organizaciones sociales valencianas, partió a las 19:30 de la tarde desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia y recorrió parte del casco histórico de la tercera ciudad española. La asistencia a la concentración -celebrada en el día cumbre de la primera ola de calor estival en el país- fue sensiblemente menor a la de otras ocasiones.
Los manifestantes denunciaron que, en su opinión, las autoridades regionales no tienen planes serios para la reconstrucción de las infraestructuras afectadas, y exigen una actuación más urgente para que la zona vuelva a la normalidad. Mazón se encuentra bajo una gran presión política después de que su Administración no emitiera alertas de inundación hasta las 20:00 de la jornada, cuando ya empezaba a repuntar el número de fallecidos.
Su presidente político a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado pedir públicamente su dimisión y el juzgado de Catarroja que investiga los hechos no lo imputará de momento. Solamente Salomé Pradas, ex 'consellera' a los mandos de la emergencia ante la ausencia del 'president', de quien se desconoce aún su paradero aquel día, ha declarado ante la jueza.
Muchos valencianos también critican la actuación o mala coordinación entre el Gobierno central, las fuerzas de seguridad y la propia Generalitat: en muchas localidades, los primeros en llegar a las zonas más afectadas de la periferia sur de Valencia fueron ciudadanos voluntarios autoorganizándose. Las competencias de emergencia están en manos de las comunidades autónomas, pero estas tienen la potestad de solicitar la declaración de zona de emergencia para que el Estado tome el mando y efectúe una respuesta nacional. Mazón optó por retener sus competencias.
El presidente valenciano ha defendido su gestión de la crisis diciendo que su magnitud era imprevisible y que su Administración no recibió suficientes advertencias por parte de la Agencia Estatal de Meteorología o del Gobierno, a pesar de que instituciones públicas como la Universidad de Valencia cerraron sus puertas durante la mañana de la catástrofe ante los avisos de alerta roja por fuertes lluvias.