El Gobierno español ha publicado un plan de acción de 15 puntos ante sus socios de investidura, quienes no retiran su apoyo, pero critican su gestión ante la crisis de corrupción en el seno del PSOE. Los jueces afirman que las medidas propuestas son redundantes y ya existen.
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Pedro Sánchez ha anunciado en sede parlamentaria un plan de acción contra la corrupción institucional y empresarial en España, en aras de atajar la mayor crisis del Partido Socialista en las últimas dos legislaturas que lleva gobernando tras la implicación de dos de sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, en adjudicaciones fraudulentas a constructoras como Servinamar o Acciona.
El presidente español, quien salva este partido en el Congreso ante su socio de coalición (Sumar) y el bloque de la investidura, dado que ninguno de sus integrantes le ha retirado su apoyo definitivo a pesar de la beligerancia del PNV, Podemos y Junts, ha presentado 15 medidas al respecto. Estas -asegura- han sido diseñadas en coordinación con el equipo anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE.
El plan presentado, con más de 30 páginas que desglosan un total de 15 medidas, se divide en cinco áreas: prevención de riesgos y refuerzo de las medidas contra la corrupción; protección de los denunciantes; refuerzo de la capacidad judicial para acelerar los casos ya detectados; recuperación de los activos robados y creación de una cultura de integridad entre la ciudadanía, las empresas y las administraciones públicas.
Las medidas específicas incluyen la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano central de prevención, supervisión y persecución de la corrupción, así como dos leyes que garanticen, por un lado, la confidencialidad y protección de la ciudadanía que denuncie prácticas fraudulentas en el sector público y, por otro, el control de 'lobbies' o grupos de presión en la fase prelegislativa.
El documento también contempla limitar la contratación de empresas que ya hayan incurrido en delitos de malversación en su historial. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado en la que ha sido la intervención más dura por parte de los socios de investidura que empresas constructoras como Sacyr, Acciona, ACS u OHL "no reciban un euro público más" en contrataciones públicas. "Las grandes constructoras de este país tienen un modelo de negocio basado en la mordida; basado en comprarse a políticos del bipartidismo", ha espetado la política irueñesa.
Las asociaciones de jueces han explicado que algunas de las medidas son redundantes y otras ya existen. La magistratura afirma que la estructura existe para luchar contra la corrupción y lo único que hace falta es que les permitan "actuar con plena autonomía", como estiman que no ocurre.
La introducción de inteligencia artificial en la plataforma de contratación del sector público para detectar indicios de fraude es otro de los puntos contemplados en el plan, además de auditorías independientes y aleatorias para empresas y partidos políticos y una mayor transparencia de las donaciones políticas. También se endurecerán las sanciones penales por corrupción, se duplicarán los plazos de prescripción y aumentarán las multas a las empresas condenadas por corrupción.
La vicepresidenta Yolanda Diaz, muy afectada durante el pleno ante el reciente fallecimiento de su padre -el histórico sindicalista gallego Suso Díaz- ha sacado pecho durante su intervención en el Congreso asegurando que la mayoría de las medidas han sido propuestas por Sumar, socio minoritario en la coalición. "De las medidas del plan anticorrupción que presentamos, usted ha aceptado 10", le ha agradecido Díaz al presidente. En un gesto poco habitual en un Congreso cada vez más crispado, todo el hemiciclo (a excepción de Vox, cuyos parlamentarios se han ausentado durante la intervención del presidente) ha aplaudido la mención de Sánchez a Suso Díaz al inicio de su intervención.
Sánchez se enfrenta a la presión de sus oponentes de la bancada de la derecha para que convoque elecciones anticipadas; y el PNV ha dado un paso más por parte de los socios proponiendo una posible cuestión de confianza al presidente. "Nuestra confianza va camino de la UCI", ha amenazado Maribel Vaquero, la nueva portavoz de los nacionalistas vascos en reemplazo de Aitor Esteban.
Hace un mes, el juez del Tribunal Supremo ordenó el ingreso en prisión preventiva de Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE, quien abandonó su escaño en el Congreso ante la presión de las filas socialistas y renunció a su aforamiento como diputado, el cual hubiese dilatado su condena provisional. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la mano derecha de ambos, Koldo García, también están siendo investigados tras ser acusados de participar en una trama para obtener comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de obras públicas.
En su discurso pronunciado este miércoles, Sánchez ha pedido perdón por confiar en Santos Cerdán, pero ha descartado convocar elecciones o dimitir, asegurando que se lo había llegado a plantear. "No voy a tirar la toalla. Vamos a seguir", ha dicho ante el Congreso.