La UE planea reintroducir su régimen de visados con Georgia, a menos que Tiflis ponga freno al retroceso democrático. La Comisión Europea notificará su decisión al país del Cáucaso Sur antes del 31 de agosto.
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La UE planea reintroducir su régimen de visados con Georgia si Tiflis no frena lo que el bloque de 27 miembros y sus instituciones calificaron de "retroceso en los principios democráticos", anunció Bruselas el martes. La Comisión Europea enviará antes del 31 de agosto una carta al Ejecutivo de Tiflis suspendiendo el régimen de liberalización de visados vigente desde 2017.
"El asalto a la democracia por parte de Sueño Georgiano (el partido gobernante) es cada vez más grave", ha dicho la responsable de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en la rueda de prensa final tras el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas. "¿Qué podemos hacer? Entre otras cosas, suspender el régimen de exención de visados, el acuerdo de asociación y las sanciones", explicó. La posible suspensión del régimen de exención de visados genera inquietud entre los Estados miembros.
Medidas controvertidas
Algunos ministros que asistieron al Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas temen que la medida restrictiva perjudique al pueblo georgiano sin afectar a la dirección del país, y pueda volverse en contra de los intereses de la UE. En Georgia, el 80% de la población es proeuropea, mientras que, según la UE, el actual Gobierno del país del Cáucaso Sur sirve a los intereses de Moscú. "Creemos que deben imponerse restricciones a los responsables de la represión y no al pueblo de Georgia", comentó el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, al término del Consejo.
Para Kallas, la UE debe ser coherente con sus principios y necesidades políticas. "Hasta ahora hemos mantenido la postura de que no queremos perjudicar al pueblo georgiano. Y quitarles el régimen de exención de visados, les está afectando mucho, pero al mismo tiempo es también una cuestión de credibilidad de la UE", dijo Kallas.
Según Sueño Georgiano, el partido gobernante controlado por el empresario millonario Bidzina Ivanishvili, la UE pretende influir e intimidar a la opinión pública georgiana, ante las elecciones municipales previstas para el próximo octubre. Kakha Kaladze, alcalde de Tiflis y secretario general del partido Sueño Georgiano, denunció las amenazas de una posible suspensión del régimen de exención de visados para Georgia. "Todo esto forma parte del chantaje al que hemos asistido en los últimos años, especialmente desde que estalló la guerra (con Rusia)", expresó Kaladze. "Georgia no se sometió a las exigencias (de la UE y la OTAN), no se sumó a las sanciones, no permitió que se abriera un 'segundo frente' en el país".
¿Está perdiendo la UE a Georgia?
El Parlamento Europeo adoptó la semana pasada en Estrasburgo una resolución contundente contra lo que los legisladores de la UE llaman "las autoridades autoproclamadas establecidas por el partido Sueño Georgiano tras las elecciones parlamentarias amañadas del 26 de octubre de 2024".
Según Sueño Georgiano, la oposición trabaja contra el interés nacional junto con la UE. "Ellos (la oposición) fueron derrotados en las elecciones parlamentarias de octubre. Sus acciones están más allá de cualquier decencia, y ahora oímos estas declaraciones. Sin embargo, cuando se trata del país y sus intereses, el compromiso es inimaginable", concluyó Kaladze. Las elecciones del pasado otoño desencadenaron una oleada de protestas que duró más de seis meses, principalmente contra el Gobierno de Georgia, en medio de acusaciones de fraude electoral.
La UE está muy preocupada por la oleada de detenciones llevadas a cabo por las autoridades georgianas contra periodistas y algunos miembros de la oposición. En los últimos meses, las autoridades han detenido al menos a siete figuras de la oposición. Tobias Cremer, eurodiputado alemán del grupo Socialistas y Demócratas (S&D), fue uno de los principales autores de la resolución del Parlamento Europeo sobre Georgia. Cramer declaró a 'Euronews' que el retroceso democrático en Georgia se está produciendo intencionadamente con el apoyo de Rusia y sus aliados dentro de los sistemas ejecutivo, legislativo y judicial georgianos. "También tenemos que fijarnos en aquellos dentro del sistema que están intentando desviar ilegalmente la causa de la justicia", sentenció.
Sin acuerdo sobre las sanciones
Las recientes detenciones y condenas de activistas políticos y periodistas han hecho saltar las alarmas en la UE sobre el sistema judicial georgiano. Por eso se han propuesto sanciones selectivas contra jueces y funcionarios concretos, hasta ahora sin éxito, ya que no hay consenso entre los Estados miembros. El 24 de junio, el político Giorgi Vashadze, del partido centrista Estrategia Aghmashenebeli, fue condenado a ocho meses de cárcel por negarse a declarar en una investigación oficial que los críticos de Sueño Georgiano califican de acto de venganza política. El día anterior, otras tres figuras de la oposición fueron condenadas a penas comparables tras negarse a cooperar con la misma investigación parlamentaria sobre presuntas irregularidades del Gobierno del expresidente Mijail Saakashvili, que sigue en prisión.
El mes pasado, Kaladze rechazó las acusaciones de que alguna de las detenciones hubiera tenido motivaciones políticas, afirmando que los políticos no están exentos de cumplir la ley. "Creo que todos sabemos muy bien por qué están detenidas estas personas. Han infringido la ley, no han comparecido ante la comisión. La condición de político o de cualquier otra persona no puede ser un incentivo para infringir la ley", afirmó.
Georgia solicitó el ingreso en la UE en marzo de 2022, junto con Ucrania y Moldavia, y obtuvo el estatus de país candidato en diciembre de 2023. Apenas unos meses después, las crecientes preocupaciones y desacuerdos entre Bruselas y el Gobierno georgiano llevaron a ambas partes a congelar el proceso de ampliación. Como consecuencia, la ayuda financiera del Fondo Europeo para la Paz, por valor de 30 millones de euros, se suspendió en 2024, y no está prevista ninguna ayuda para este año.
Por su parte, el primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, declaró a 'Euronews' en mayo que su país desempeña un "papel vital para Europa". "Todo el mundo debería reconocer la importancia estratégica de Georgia para Europa, especialmente para la eurozona. Nuestro papel en la región es significativo, y por eso se reconoce cada vez más la necesidad de dialogar con los líderes georgianos", añadió.
Décadas turbulentas en Georgia
Las tropas rusas atacaron Georgia en agosto de 2008, sólo tres meses después de una cumbre crucial de la OTAN en Bucarest que acogió con satisfacción las aspiraciones de Tiflis y Kiev de iniciar conversaciones para la adhesión. El Ejército ruso ocupó Osetia del Sur y Abjasia en pocas semanas. Estas dos regiones siguen bajo el control de Moscú.
Desde la guerra de 2008, el Gobierno georgiano ha tenido que encontrar un equilibrio entre las aspiraciones a la UE de casi el 80% de su población y la comprensión de las prioridades estratégicas de su vecino del norte, Rusia, especialmente después de que iniciara su guerra total contra Ucrania a principios de 2022. De hecho, a pesar de su candidatura a la UE, Tiflis no se ha alineado con las sanciones de la UE contra Rusia. En 2024, el Parlamento georgiano aprobó la ley de agentes extranjeros, una medida legislativa que restringía significativamente las actividades de las ONG financiadas desde el extranjero en el país.
Kallas también ha amenazado con suspender el Acuerdo de Asociación UE-Georgia, que entró en vigor en 2016. Los tratados de asociación son acuerdos vinculantes entre la UE y terceros países que establecen una mayor cooperación comercial, económica y política a cambio de reformas políticas y legislativas compatibles con los principios de la Unión. Los beneficios para los países contratantes pueden incluir también la cláusula de nación más favorecida comercial, ya que el acuerdo de asociación suele contemplar un acuerdo de libre comercio profundo y global. Del mismo modo, la UE expresó su preocupación cuando Georgia ratificó un acuerdo de libre comercio con China en 2018.