El presidente del Consejo Europeo aparece en 22 escuchas vinculadas a la Operación Influencer que nunca fueron remitidas a tiempo a los tribunales superiores. Las grabaciones, recibidas este año por el STJ, ya no pueden usarse como prueba.
António Costa fue objeto de escuchas telefónicas sin validación judicial en el marco de la Operación Influencer, una investigación criminal en curso en Portugal centrada en presuntos actos de corrupción que involucran a exministros portugueses. Según 'Diário de Notícias', el ex primer ministro aparece en 22 grabaciones que no fueron remitidas al Tribunal Supremo de Justicia (STJ) hasta octubre de este año, muy fuera del plazo legal y cuando el tribunal ya no tenía competencia para analizarlas.
Las grabaciones corresponden a conversaciones mantenidas entre el entonces jefe de Gobierno y otros señalados en el caso, entre ellos João Galamba, entonces secretario de Estado de Energía; Diogo Lacerda Machado; y João Pedro Matos Fernandes, exministro de Medio Ambiente y Acción por el Clima. Los tres figuran entre las principales figuras investigadas en la Operación Influencer.
Según recoge la orden del Juzgado Central de Instrucción Criminal, a la que tuvo acceso 'DN', "las 22 sesiones en cuestión, interceptadas entre el 24 de diciembre de 2020 y el 24 de diciembre de 2022, han sido ahora recuperadas porque de acuerdo con un determinado entendimiento, concretamente del Ministerio Público (MP), debían ser puestas en conocimiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia".
En respuesta, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó la existencia de siete escuchas telefónicas remitidas recientemente a los tribunales. En su comunicado, señala: "Más recientemente, en el curso de un nuevo análisis de todas las escuchas realizadas, se han identificado otras 7 (6 de las cuales son solo intentos de contacto) en las que también estaba implicado el (ahora ex) primer ministro António Costa, hecho que, por diversas razones técnicas, no se había detectado inicialmente".
La PGR subraya además que "António Costa nunca fue objeto directo de escuchas o vigilancias (ni cuando era primer ministro, ni cuando dejó de serlo)" y que sus intervenciones aparecieron "incidentalmente, en el contexto de escuchas realizadas a otras personas".
Las escuchas ya no pueden utilizarse como prueba
Pese a la existencia de las grabaciones, su uso como prueba podría quedar invalidado por los plazos legales. La normativa establece que las escuchas a altos cargos deben ser remitidas al STJ en un máximo de 48 horas y renovarse cada 15 días.
Según 'DN', el Departamento Central de Investigación y Acción Penal (DCIAP) habría omitido durante cinco años grabaciones que implicaban al primer ministro, pese a reconocer que algunas podían tener relevancia para la causa. Aunque debían figurar en el sumario, el auto del DCIAP apunta a que no se divulgaron por motivos "no revelados".
Cuando finalmente llegaron al Supremo, su presidente rechazó analizarlas al considerar que "su intervención solo está justificada durante el periodo en que los titulares de los órganos de soberanía allí mencionados se encuentren en funciones". Actualmente, António Costa es presidente del Consejo Europeo y dejó el cargo de primer ministro en noviembre de 2023, precisamente a raíz de este caso.
El Juzgado Central de Instrucción Criminal también decidió no validar las escuchas al entender que "se ha agotado la potestad jurisdiccional" debido al tiempo transcurrido.
"No hay, ni ha habido nunca, ninguna investigación paralizada"
La semana pasada, la PGR aseguró que "en el llamado 'Universo Influencer' no existe, ni ha existido nunca, ninguna indagatoria estancada".
"Toda la documentación que puede ser analizada está siendo analizada por los integrantes del equipo. Hay que subrayar que las pesquisas se encuentran en diferentes fases de investigación, con algunos segmentos ya muy avanzados", añadió la Fiscalía.
El caso incluye cuatro investigaciones separadas relacionadas con el proyecto de construcción del centro de datos en la zona industrial y logística de Sines, las concesiones de exploración de litio en las minas de Romano (Montalegre) y Barroso (Boticas), y el proyecto de la planta de energía de hidrógeno en Sines.
Una de estas líneas de investigación se centra en la posible intervención del ex primer ministro "para desbloquear procedimientos en el contexto del proyecto del Centro de Datos". Según la PGR, esta parte del caso está "sometida a secreto judicial interno y externo, por lo que no es susceptible de consulta".
António Costa lleva meses solicitando acceso al expediente del caso que le afecta, sin obtener respuesta positiva.
El caso que provocó la caída del Gobierno
Costa presentó su dimisión el 7 de noviembre de 2023, el mismo día en que se registraron varios ministerios y su residencia oficial, el Palacio de São Bento. Ese día, la Fiscalía General anunció que João Galamba estaba imputado y que Costa sería investigado por separado por el STJ.
En su comunicado de renuncia, el entonces primer ministro afirmó: "La dignidad de las funciones del primer ministro no es compatible con cualquier sospecha sobre su integridad, su buen comportamiento o, menos aún, con la sospecha de la comisión de cualquier acto criminal".
Pese a que Costa presentó alternativas para mantener el Ejecutivo, el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, optó por disolver la Asamblea y convocar elecciones anticipadas.