El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo entra oficialmente en vigor rodeado de desinformación. La extrema derecha en Francia tacha de sanción el pago de 20.000 euros por persona, pero la normativa en este 2026 aclara que se trata de una alternativa legal de solidaridad financiera.
Tras años de negociaciones entre los Estados miembros de la UE, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo ha empezado por fin a aplicarse. El paquete, adoptado en mayo de 2024 y que entró oficialmente en vigor el 12 de junio, está concebido para reforzar los procedimientos en las fronteras y reformar el sistema de asilo del bloque.
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El reglamento se ha convertido en uno de los principales objetivos de afirmaciones falsas o engañosas. Uno de sus elementos más debatidos es un nuevo mecanismo de solidaridad destinado a apoyar a los Estados miembros sometidos a una mayor presión migratoria. En los últimos años, países como Italia, Grecia, Chipre y España han recibido el mayor número de inmigrantes y solicitantes de asilo que llegan por tierra y por mar.
Varios dirigentes del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional han criticado el pacto migratorio y sostienen que permitirá a la UE multar a los países que se nieguen a aceptar migrantes.
En una publicación en X, Marine Le Pen afirmó que el pacto "obligará a los Estados miembros de la Unión Europea a acoger a migrantes, bajo amenaza de multa". Otras publicaciones de Agrupación Nacional sostenían que la multa se fijaría en 20.000 euros por migrante. Pero describir el reglamento de ese modo es engañoso y despoja al debate de un contexto más amplio.
Un mecanismo de solidaridad
Con las normas actuales de asilo de la UE, el Estado miembro por el que un inmigrante irregular entra por primera vez en el bloque es, por lo general, responsable de tramitar su solicitud de asilo.
Esto ha cargado de manera desproporcionada a los países de primera línea como Italia, Grecia, España y Chipre, que la Comisión Europea identifica como los Estados miembros sometidos a mayor presión migratoria porque reciben la mayoría de las llegadas.
Para corregir este desequilibrio, el Pacto sobre Migración y Asilo introduce un mecanismo de solidaridad destinado a garantizar un reparto más equitativo de las responsabilidades en toda la Unión Europea.
El sistema se basa en lo que la Comisión Europea describe como "solidaridad obligatoria pero flexible".
Con las nuevas normas, todos los Estados miembros están obligados a contribuir al mecanismo. Sin embargo, no están obligados a hacerlo acogiendo a solicitantes de asilo procedentes de los Estados miembros de primera línea.
De hecho, la reubicación es solo una de las distintas formas posibles de contribución. Los Estados miembros pueden, en su lugar, prestar apoyo operativo, financiar medidas de gestión fronteriza, proporcionar equipos y personal o realizar aportaciones financieras.
La última opción es la que algunos responsables políticos han interpretado de forma errónea, los países que decidan no acoger a solicitantes de asilo mediante la medida de reubicación pueden, en su lugar, pagar 20.000 euros por cada persona que opten por no recibir. Esos fondos se canalizan después hacia los Estados miembros sometidos a mayor presión migratoria.
Un portavoz de la Comisión Europea explicó a The Cube, el equipo de verificación de 'Euronews', que "los Estados miembros tienen plena libertad para elegir cualquiera de estas medidas de solidaridad".
El pago no es, por tanto, una multa impuesta a los Gobiernos por negarse a aceptar migrantes, como sugirieron Le Pen y otros dirigentes de Agrupación Nacional. Es más bien una forma alternativa de participación dentro del mecanismo de solidaridad establecido por el pacto.
Según el texto del reglamento, al menos 30.000 solicitantes de asilo estarán cubiertos por la medida de reubicación, que también prevé al menos 600 millones de euros en contribuciones financieras.
Sin embargo, esta puesta en marcha inicial del pacto ya ha puesto de manifiesto las sensibilidades políticas que lo rodean.
Según 'Euronews', los Estados miembros se han comprometido a realizar menos de 9.000 reubicaciones en 2026, y muchos Gobiernos optan por contribuciones financieras u otras formas de apoyo en lugar de acoger a solicitantes de asilo.