La posible consulta del Tribunal Supremo al TJUE abre interrogantes sobre el futuro de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno español. 'Euronews' analiza las claves jurídicas, políticas y sociales del caso con dos especialistas.
El Tribunal Supremo estudia plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno español, tras expresar dudas sobre su encaje en el derecho comunitario.
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La posibilidad de que el asunto acabe llegando al TJUE ha reavivado el debate sobre el margen de los Estados miembros para aprobar este tipo de medidas y sobre las consecuencias que podría tener una futura decisión de la Justicia europea.
Por el momento, el Tribunal Supremo no ha decidido si planteará la cuestión prejudicial ante el TJUE. Antes de hacerlo, ha pedido a las partes que presenten alegaciones sobre la conveniencia de elevarla.
Pero, ¿tiene realmente el TJUE capacidad para intervenir? ¿Y qué implicaría una eventual decisión? Consultamos a especialistas para responder a estas preguntas.
Una incertidumbre que ya tiene efectos
Lucila Rodríguez-Alarcón, directora general de la Fundación PorCausa, especializada en investigación y análisis de las migraciones, insiste en que conviene no confundir el momento procesal actual con una decisión ya tomada. "El Tribunal Supremo no ha abierto el proceso, sino que ha preguntado a las partes si estiman que debe abrirse", recuerda.
A su juicio, se está generando una incertidumbre que todavía no se corresponde con una decisión firme sobre la intervención del TJUE. **"**Es un debate que se está abriendo sobre un supuesto que no es real", afirma en conversación con 'Euronews'.
"Solo el ruido que eso ha producido llena de temor a más de 1.300.000 personas que están a punto de conseguir sus papeles para estar en una situación regular en nuestro país", afirma. "Creo que hay muchísima irresponsabilidad política", agrega, aunque confía en que las instituciones europeas actúen para "preservar la estabilidad de la Unión".
María Eugenia Rodríguez Palop, jurista y exparlamentaria europea, coincide en que el debate se ha adelantado al propio procedimiento. "La Comisión Europea ya ha dejado claro que este tipo de políticas públicas dependen de los Estados miembros. España tiene competencia para abordar una regularización de estas características, incluso cuando es masiva, como es el caso, y afecta a cientos de miles de personas", explica a 'Euronews'.
¿Puede realmente intervenir el TJUE?
Para Rodríguez Palop, si existen dudas sobre el instrumento utilizado por el Gobierno para aprobar la regularización, estas corresponden al ámbito del derecho español. "Esto se puede plantear legítimamente, pero esto es una cuestión de derecho interno [...] tendría que dirimirse en el ámbito del derecho constitucional o del derecho administrativo, pero no del derecho europeo", afirma.
Añade además que la posibilidad de que las personas regularizadas puedan desplazarse por el espacio Schengen no modifica ese análisis porque "esto ya lo establece el espacio Schengen para todos los residentes; no es algo que haya incorporado este decreto del Gobierno". Según la jurista, el TJUE no puede actuar como una instancia revisora de las decisiones adoptadas por los tribunales españoles.
Además, Rodríguez-Alarcón advierte de que un cambio de criterio que implicara retirar derechos ya adquiridos "generaría una tensión social, tanto nacional como europea, sin precedentes en nuestra historia reciente".
"Estamos hablando de muchas personas", añade. "Personas que ya estaban en situación irregular" y que podrían verse afectadas por una eventual modificación del proceso.
¿Por qué este debate trasciende el caso español?
La directora de PorCausa recuerda además que este tipo de mecanismos "han tenido lugar en numerosas ocasiones en los últimos 30 años en todos los países de Europa" y cree que cuestionar el caso español podría abrir interrogantes sobre otras medidas similares adoptadas por los Estados miembros: "Se cuestionaría como sistema de gestión de la migración sobrevenida que tienen todos los países".
"La migración se está usando como caballo de Troya; como una herramienta para introducir otros temas y, en cierto modo, 'hackear' el sistema democrático", afirma la especialista en migraciones. En su opinión, incluso procedimientos aparentemente técnicos pueden acabar utilizándose para cuestionar "la capacidad legislativa y de gestión de la migración legítima de un país".
Rodríguez Palop coincide en que el debate ha adquirido una dimensión política: "Se está europeizando una cuestión que es estrictamente procedimental y estrictamente española".
¿Qué ocurriría si el TJUE apreciara una incompatibilidad con el derecho europeo?
Desde el punto de vista jurídico, Rodríguez Palop considera que, incluso si el TJUE apreciara una incompatibilidad con el derecho europeo, las regularizaciones ya concedidas quedarían previsiblemente protegidas. "Lo normal es que, por seguridad jurídica, por confianza legítima, por no vulnerar los derechos asociados a la vida privada y familiar o los derechos de los menores, las personas que ya han obtenido esa regularización la tengan consolidada", explica.
No obstante, cree que el impacto podría recaer sobre futuras regularizaciones. "Podría, eventualmente, cerrarse la puerta a regularizaciones futuras y restringirse el margen que tienen los Estados miembros en política migratoria". Además, advierte de que el procedimiento puede prolongarse durante años, generando "una sombra de duda sobre las regularizaciones adquiridas y sobre las que puedan adquirirse en el futuro".
En ese escenario, Rodríguez-Alarcón espera que las instituciones europeas actúen con "seriedad jurídica y responsabilidad jurídica" para preservar la estabilidad de la Unión: "Esperamos que haya seriedad jurídica y responsabilidad jurídica y que las instituciones europeas, haciendo gala de lo que siempre han hecho, que es preservar la estabilidad de la Unión, actúen en consecuencia".