El desenlace dependerá del equilibrio entre la voluntad de la Casa Blanca de acercarse de nuevo a Ankara y la postura del Congreso, que ya ha fijado un duro marco legal sobre la posesión del sistema ruso S-400.
La posibilidad de que Turquía vuelva al programa de los cazas F-35 ha abierto un nuevo campo de confrontación en Washington, donde el lobby grecoestadounidense y varios miembros del Congreso intentan mantener los actuales obstáculos legales a la venta de los cazas estadounidenses a Ankara.
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La cuestión volvió al primer plano tras los contactos del presidente estadounidense Donald Trump con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero hasta hoy no hay una decisión oficial del Gobierno de Estados Unidos sobre la readmisión de Turquía en el programa.
Atenas admite que las decisiones en materia de armamento son un derecho soberano de cada país y que no dispone de capacidad de veto sobre las decisiones estadounidenses, pero considera que tiene el derecho y la obligación de plantear a sus aliados las cuestiones de seguridad que juzga cruciales para la estabilidad de la región.
En Atenas subrayan que Turquía sigue siendo aliada en la OTAN, aunque persisten cuestiones abiertas en las relaciones entre Grecia y Turquía, como el mantenimiento del casus belli por parte de la Asamblea Nacional turca, la impugnación de derechos soberanos griegos y las diferencias en el Egeo y el Mediterráneo oriental.
Por este motivo, Grecia pide que cualquier decisión sobre la venta de sistemas de armamento avanzados vaya acompañada de claras garantías de seguridad y de compromisos de que estos no podrán utilizarse contra otro Estado miembro de la Alianza.
El debate, sin embargo, se ha trasladado ya al Congreso, donde los defensores de mantener las restricciones recuerdan que la exclusión de Turquía del programa de los F-35 en 2019 no fue solo una decisión política, sino que estuvo directamente vinculada a la adquisición del sistema ruso S-400.
La carta de Dina Titus y los movimientos en el Congreso
El primer gesto público contra un posible cambio de política partió de la diputada demócrata por Nevada, Dina Titus, que reunió las firmas de 18 congresistas en una carta dirigida a la dirección de la Cámara de Representantes.
Los congresistas piden que se garantice el cumplimiento de la legislación estadounidense vigente y que el Congreso esté preparado para intervenir en caso de que el Gobierno intente avanzar en el retorno de Turquía al programa.
Según explica Thanos Davelis, director de Relaciones Públicas del Consejo de Liderazgo Grecoestadounidense (HALC), esta carta constituye la primera reacción organizada en el Congreso.
"Dina Titus ha reunido a varios, sobre todo congresistas demócratas, 18 en concreto, que han enviado una carta a los líderes de la Cámara para estar preparados para actuar y evitar cualquier movimiento que veamos del presidente Trump respecto a los F-35", señala.
No obstante, como subraya, la situación entre los republicanos es diferente. Muchos se muestran también cautos ante una posible venta, pero prefieren moverse más en segundo plano.
"Los republicanos parecen moverse internamente. No quieren poner su nombre en esta carta y tratan de convencer desde dentro al Gobierno de Trump y de aprovechar los distintos contactos que tienen", señala Davelis.
El "muro" legal frente a la venta
El principal argumento de quienes se oponen al regreso de Turquía al programa de los F-35 es que existen restricciones legales concretas establecidas por el propio Congreso. La compra de los S-400 a Rusia llevó a la aplicación de la ley CAATSA, que prevé sanciones por adquisiciones significativas de equipamiento militar ruso.
Al mismo tiempo, a través de los presupuestos de Defensa de Estados Unidos se introdujeron disposiciones específicas que vinculan el retorno de Turquía al programa de los F-35 con la retirada de los S-400.
"La cuestión arrancó en el primer mandato del presidente Trump. La Cámara y el Senado aprobaron la ley CAATSA, que no se refería solo a Turquía, sino que era un instrumento para que el Gobierno estadounidense pudiera imponer sanciones a países que compran sistemas de defensa a estados como Rusia", explica Thanos Davelis.
Añade que, tras la decisión de Ankara de adquirir los S-400, el Congreso adoptó nuevas iniciativas legislativas. "Existen dos textos legales que, en la práctica, establecen que los F-35 no pueden entregarse a Turquía mientras siga poseyendo los S-400".
La interpretación clave de la palabra "posesión"
Una de las cuestiones centrales que se examinan en Washington tiene que ver con la interpretación de la palabra "posesión". La legislación estadounidense no se refiere solo al uso o la activación de los S-400, sino a si Turquía sigue teniendo en su posesión el sistema ruso.
Por ello, uno de los escenarios que se barajan es la retirada de los S-400 del control turco o su traslado a un tercer país, de modo que pueda argumentarse que el obstáculo legal ya no existe. Más allá del aspecto jurídico, la principal preocupación de la parte estadounidense es la protección de la tecnología del F-35.
Washington teme que el funcionamiento de un sistema ruso S-400 en el mismo entorno que el caza estadounidense de quinta generación pueda permitir la recopilación de datos cruciales sobre sus características de baja detectabilidad (stealth), sus sistemas electrónicos y las capacidades operativas del avión.
"Existe el riesgo de que los S-400 puedan registrar o captar distintos datos que constituyen secretos estadounidenses sobre estos F-35 y que después se transfieran a los rusos", subraya Davelis. Ese fue también el motivo principal por el que Turquía quedó fuera del programa en 2019, pese a haber participado desde 2007 como país coproductor.
Los próximos pasos del lobby grecoestadounidense
La campaña de presión no se limita a los grecoestadounidenses. Según Thanos Davelis, en la cuestión participan también otras organizaciones en Washington, entre ellas entidades de la comunidad judía estadounidense.
"Los judíos estadounidenses siguen siendo una voz política poderosa. Están bien organizados y se mueven en Washington de forma similar en torno al asunto de los F-35", señala.
Al mismo tiempo, el HALC mantiene sus contactos con miembros del Congreso, responsables gubernamentales y centros de pensamiento. "Estamos en contacto con distintos actores, tanto en el Gobierno como en el Congreso y en diversos centros de pensamiento, para lograr este resultado", apunta Davelis.
El desenlace final del caso dependerá del equilibrio entre la voluntad de la Casa Blanca de recomponer la relación con Ankara y la posición del Congreso, que ya ha establecido un marco legal estricto en torno a la posesión de los S-400. En opinión de Thanos Davelis, "si el Congreso se moviliza lo suficiente, podremos ver algún resultado".