La acción popular presentada en diciembre por la asociación Citizens' Voice busca que la empresa española indemnice por completo a los consumidores por los daños del apagón de abril del año pasado, pero la Fiscalía pide que la demanda sea rechazada de plano.
Una asociación de consumidores ha interpuesto una demanda en Portugal contra Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE), en la que reclama el pago de daños patrimoniales y morales a los consumidores portugueses afectados por el apagón en la Península Ibérica del 25 de abril de 2025.
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La acción popularse presentó el nueve de diciembre de 2025 por la asociación Citizens' Voice – Consumer Advocacy Association, que sostiene que la eléctrica española realizó una "gestión deficiente" de la red de transporte de electricidad en España y de la interconexión ibérica con Portugal, lo que desembocó en el apagón y en la consiguiente interrupción masiva y prolongada del suministro de energía en territorio portugués, que tuvo un "impacto relevante en su [de los ciudadanos] vida cotidiana, en la vivienda, la movilidad, el trabajo y otros aspectos esenciales".
La organización sostiene que la empresa española "incumplió deberes legales y reglamentarios de seguridad, continuidad y diligencia en la explotación de la red de transporte y en la gestión de la interconexión con Portugal" y que puso en riesgo la "estabilidad del sistema eléctrico ibérico, vulnerando normas de orden público energético", afectando los derechos e intereses de los consumidores.
Los ciudadanos incluidos en el proceso abarcan todos los consumidores finales con contrato de suministro de energía en vigor en la fecha del apagón, cuyo suministro se haya interrumpido o se haya visto gravemente afectado como consecuencia del apagón.
La acción "pretende que la demandada sea condenada a indemnizar íntegramente a los actores populares (consumidores incluidos en la clase) por los daños patrimoniales y morales sufridos como consecuencia del apagón".
Además de las indemnizaciones, la demanda pide también la imposición de "medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar, en el futuro, el funcionamiento seguro, estable y diligente de la red" y asimismo "planes de contingencia eficaces para prevenir y mitigar incidentes similares".
En la actualidad, el proceso, que se tramita en el Juzgado Central Civil de Lisboa, en el Tribunal Judicial de la Comarca de Lisboa, está pendiente, "a la espera de la citación de la demandada y de los titulares de los intereses en causa, así como de la práctica de las posteriores diligencias procesales que determine el Tribunal". La situación, sin embargo, puede cambiar en breve, y el proceso podría ni siquiera llegar a juicio.
El Ministerio Público puede frenar la acción
Según 'CNN Portugal', que cita un informe incorporado al expediente de la acción, el Ministerio Público (MP) concluye que la acción colectiva "no se ajusta al tipo de intereses invocados", por lo que defiende su rechazo de plano.
En juego hay distintos factores, como la dimensión de la clase afectada, potencialmente millones de consumidores, la diversidad de los perjuicios entre los afectados y el hecho de que no exista una relación contractual directa entre los consumidores portugueses y la compañía eléctrica española.
En declaraciones a la misma cadena portuguesa, Octávio Viana, presidente de Citizens' Voice en la acción, explica que los argumentos del Ministerio Público pueden superarse, en particular la cuestión del vínculo contractual, alegando que la responsabilidad invocada es extracontractual, por lo que no es necesario un contrato directo. A 'CNN Portugal' señaló que el mayor obstáculo del proceso es precisamente el tiempo, dada la complejidad técnica y el hecho de que la REE está radicada en España.