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Francia ha desvelado su esperada reforma laboral a un mes de que entre en vigor. El Gobierno pretende flexibilizar el mercado laboral y simplificar las reglas a los inversores. El primer ministro, Edouard Philippe, y la titular de Trabajo, Muriel Pénicaud, la han presentado como una reforma “ambiciosa, equilibrada y justa”.
“Francia es un Estado de derecho, es un Estado de derecho social, y lo seguirá siendo porque forma parte de nuestro carácter, porque forma parte de nuestra historia. Sin embargo, debemos tener en cuenta una situación, un elemento, y esta situación, la situación de nuestro país se caracteriza ahora por décadas de desempleo masivo”, dice Philippe.
Los cinco decretos se dan a conocer tras tres meses de concertación y cerca de medio centenar de reuniones entre el Ejecutivo y los agentes sociales.
Uno de los puntos más polémicos es el establecimiento de un baremo de indemnizaciones en caso de despido improcedente, al terminar con la gran horquilla actual. Los trabajadores con 30 años o más de antigüedad percibirán una indemnización máxima de 20 meses de salario. La indemnización por despido previo acuerdo, sin embargo, aumenta un 25 por ciento.
La reforma laboral autoriza a las empresas de menos de 50 asalariados a negociar con los representantes de los trabajadores cuestiones que hasta ahora dependían de los convenios sectoriales, como el tiempo de trabajo o aspectos de la remuneración, como las primas.
Sus detractores denuncian una fragilización de los derechos de los trabajadores. Los sindicatos preparan una jornada de huelga para el 12 de septiembre.
La reforma prometida por Macron será adoptada por el Consejo de Ministros el 22 de septiembre y entrará en vigor a finales de mes. El presidente francés ha advertido de que habrá que esperar al menos 18 meses para ver los primeros resultados.