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Como se esperaba, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena se ha mostrado menos severo que la jueza Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que dictó prisión provisional para los exconsejos del Gobierno catalán.
La decisión del Supremo de dejar en libertad a los miembros de la última mesa del Parlamento parece preparar el terreno para que la campaña de las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña se celebre sin candidatos en la cárcel.
“No estamos ante razones jurídicas sino políticas. El delito que se les imputa, en este caso a Carme Forcadell, es permitr el debate político de una mayoría parlamentaria que cumple un mandato democrático de las urnas el 27 de septiembre”, decía tras conocerse la decisión la diputada de Esquerra, Ester Capella.
El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, aplaude la actitud del Supremo. “Las medidas (son) menos severas que las de la Audiencia Nacional y en este sentido son mucho más acordes con el comunicado que nosotros hemos emitido la semana pasada de garantías y derechos, parece que es más respetuoso con el principio de libertad, que es la regla general”, afirma.
La decisión del juez Pablo Llarena de que todos los imputados puedan estar en libertad, aunque sea bajo fianza, puede también cambiar el destino de los ocho miembros del último Gobierno catalán, actualmente en prisión, sobre todo si el Tribunal Supremo se queda finalmente con toda la causa.