El espectro de la pandemia del nuevo coronavirus está revolucionando las superpobladas prisiones de América Latina, amenazando con convertirlas en infiernos.
PUBLICIDADEl espectro de la pandemia del nuevo coronavirus está revolucionando las superpobladas prisiones de América Latina, amenazando con convertirlas en infiernos.
La prisión de Puente Alto, en el centro de Santiago de Chile, tuvo el mayor de los brotes del virus en una cárcel de América Latina hasta la fecha, con más de 300 casos reportados. Los 1.100 reclusos de la prisión están aterrorizados. El distanciamiento social es difícil de practicar en la cárcel.
"Todos están en contacto unos con otros", dijo la enfermera de la prisión Ximena Graniffo.
Cualquier esfuerzo por reducir el contacto se vio frustrado en El Salvador durante el fin de semana, cuando las autoridades apiñaron a los presos -aunque con mascarillas- en los patios de las cárceles mientras registraban sus celdas. El presidente Nayib Bukele ordenó la represión después de que más de 20 personas fueran asesinadas en el país el viernes y los servicios de inteligencia sugirieron que las órdenes provenían de los líderes de las bandas encarcelados.
Las prisiones de América Latina albergan a un millón y medio de reclusos, y las instalaciones suelen estar casi gobernadas por los propios presos debido a la corrupción, la intimidación y la falta de personal de guardia. Los bajos presupuestos también crean condiciones ideales para que el virus se propague: A menudo hay poco jabón y agua y los bloques de celdas están abarrotados.
Hasta ahora, los funcionarios nacionales han informado de cerca de 1.400 casos confirmados de COVID-19 entre reclusos y personal de prisiones. El país más afectado ha sido el Perú, con 613 casos y al menos 13 muertes, aunque el alcance de las pruebas para determinar la magnitud total de las infecciones difiere de un país a otro. Cuando la República Dominicana realizó pruebas a más de 5.500 reclusos en la prisión de La Victoria, que ha estado produciendo mascarillas protectoras para el público, los funcionarios informaron de que por lo menos 239 de ellos dieron positivo.
Quizás la prueba más completa parece estar teniendo lugar en Puerto Rico, donde el Departamento de Correcciones dijo el viernes que realizará pruebas a todos los casi 9.000 reclusos que se encuentran en el territorio de Estados Unidos, así como a 6.000 empleados, incluidos los guardias de la prisión.
El miedo al propio virus ya ha demostrado ser mortal. Ha habido 23 muertes en disturbios carcelarios en Colombia desde que comenzó la pandemia. Más de 1.300 reclusos han escapado de las prisiones en Brasil después de que un programa de liberación temporal fuera cancelado debido al brote, y más de 1.000 han estado en huelga de hambre en Argentina.
En toda la región, las demandas son las mismas: protección contra el contagio. Con la mayoría de las visitas familiares canceladas, los reclusos se sienten expuestos, vulnerables, solos - y explotados.
Los reclusos informan de que los precios en las tiendas de las prisiones formales e informales han aumentado durante la pandemia, y los familiares ya no pueden traerles comida y artículos de higiene desde el exterior.
"En este momento, una bolsa de jabón en polvo cuesta 29 pesos (1,20 dólares), cuando antes costaba 20 (80 centavos)", dijo un preso en México, que vive en una celda de 4 metros por 4 metros con una docena de otros. Habló bajo condición de anonimato porque estaba usando un teléfono móvil prohibido.
Human Rights Watch dice que las condiciones son aún peores en países como Haití, Bolivia o Guatemala.
La Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, ha calificado de "deplorables" las condiciones sanitarias de la región y ha pedido la liberación de los reclusos menos peligrosos.
Países como Chile y Colombia ya han liberado a unos 7.500 reclusos y el Senado de México aprobó la semana pasada una medida para liberar a miles, aunque Brasil aún no ha actuado.
Sin embargo, la analista de seguridad regional Lucía Dammert dice que la liberación de unos pocos miles de reclusos no reducirá significativamente la amenaza de contagio y algunos instan a que se produzcan liberaciones más amplias.
"Los reclusos han sido condenados a la pérdida de la libertad, no a la muerte, y el Estado tiene que tomar medidas a su disposición", dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Y en muchos países, como Bolivia, la mayoría de los que están tras las rejas aún no han sido condenados o están a la espera de juicio.
En Chile, el jefe del sistema de guardias penitenciarios, Christián Alveal, dijo que los temores de los presos "son totalmente razonables", y que las autoridades están trabajando "para minimizar las preocupaciones de los reclusos".
Algunas prisiones han intentado hacerlo permitiendo a los presos más llamadas a sus familiares, y Argentina, con 13.000 presos, ha permitido las videollamadas. Buenos Aires incluso ha permitido a los presos usar teléfonos celulares, que normalmente están prohibidos porque a veces se usan en esquemas de extorsión.
PUBLICIDADLos reclusos de la prisión de San Pedro, en la capital de Bolivia, La Paz, han tomado sus propias medidas contra el contagio. Mientras que los reclusos de otros lugares se han amotinado por la prohibición de las visitas familiares, los propios reclusos bolivianos han decidido prohibirlas. Y convirtieron lo que normalmente son celdas de castigo en celdas de cuarentena de 14 días para los presos recién llegados.
Ximena Graniffo, la enfermera de Puente Alto, parecía resignada a la lucha. "Haces lo que puedes con lo que tienes", dijo.