Analizamos las dudas que suscita la intervención del Gobierno italiano para salvar el 'modelo Albania' de gestión de política migratoria y de asilo tras el rechazo de los jueces de Roma. La cuestión corre el riesgo de ser más política que jurídica.
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El Gobierno de Italia tomó medidas aprobando el lunes un decreto para sortear los obstáculos judiciales al envío de solicitantes de asilo a Albania, tras la sentencia del Tribunal de Roma que ordenó el regreso de los primeros migrantes enviados a centros de repatriación fuera de las fronteras de la UE.
El Gobierno de Roma considera ahora 19 países seguros para la repatriación en lugar de 22. La lista está contenida en un decreto ley (actualizado anualmente mediante discusión con el Parlamento), es decir, en un reglamento de mayor rango que el anterior decreto interministerial. ¿Será suficiente para proteger el 'modelo Albania', al que ahora parece aspirar gran parte de Europa, de nuevos reveses?
Bangladesh y Egipto siguen en la lista de países seguros
Los jueces de Roma aplicaron una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que, recordando el derecho europeo, sostiene que para ser considerado seguro un país debe serlo en todas sus partes y también para determinadas categorías de ciudadanos, como los disidentes políticos o las personas LGBTQ+.
En el centro del caso visto por el Tribunal a principios de este mes estaba Moldavia, que se considera "insegura" si un solicitante de asilo es originario de Transnistria, una región prorrusa que se ha declarado independiente.
La semana pasada, los jueces italianos aplicaron el mismo principio a los 12 inmigrantes de Bangladesh y Egipto, que habían sido enviados al centro de detención de Gjader. Estos dos países, a pesar de las acusaciones sobre los derechos civiles y la represión de los opositores políticos, fueron incluidos hace seis meses en la lista italiana de países seguros y también aparecen en la versión del nuevo decreto ley italiano.
La lista ahora incluye: Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez.
Por tanto, solo Camerún, Colombia y Nigeria fueron eliminados de la lista de destinos seguros, por presentar problemas en algunas zonas de su territorio, aunque al menos otros doce se encontraban en condiciones similares (solo Bosnia-Herzegovina, Cabo Verde, Kosovo, Macedonia del Norte y Montenegro se consideran completamente seguro).
Italia apela al nuevo Pacto de la UE sobre migración y asilo
La evaluación de la seguridad de un país se confía a cada uno de los Estados miembros, sobre la base de directivas comunes de la UE que definen los parámetros e indicaciones de diversos organismos internacionales, pero también de información confidencial de la inteligencia nacional.
En Italia, el examen lo realizan los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores. El Gobierno comentó que la orden de los jueces romanos excluye 'de facto' el mecanismo de repatriación acelerada deseado por la UE. Según el Ejecutivo comunitario, los de Albania no son más que los centros de repatriación indicados en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, aprobado el 27 de abril pasado.
Esta afirmación, según varios juristas, corre el riesgo de ser más política que cualquier otra cosa, dado que el acuerdo incluye un conjunto de normas más amplio y no entrará en vigor hasta junio de 2026.
"El Pacto mantiene el enfoque actual, pidiendo controles sobre la seguridad de los países de origen y, en cualquier caso, durante los próximos dos años se aplicará la legislación actual", comentó a 'Euronews' el jurista Gianfranco Schiavone, presidente del Consorcio Italiano de Solidaridad de Trieste.
¿Podrán los jueces intervenir en el próximo envío de solicitantes de asilo a Albania?
Schiavone también negó firmemente que el nuevo decreto ley que identifica los países seguros sea una norma que "no pueda ser invalidada por el Poder Judicial", como afirmó el ministro de Justicia, Carlo Nordio. "En caso de conflicto con una ley nacional, el juez debe aplicar el derecho de la Unión Europea, que es derecho de los Estados miembros", argumenta Schiavone.
"En el caso de futuros envíos de inmigrantes a Albania, habrá que evaluar cada caso individualmente. El quid de la cuestión es que el Gobierno italiano es intolerante con las normas en la materia y le gustaría tener libertad para tomar decisiones políticas". Este aspecto podría guardar relación con las reiteradas alusiones de las autoridades italianas y las europeas a un eventual cambio de reglas que favorecería un mayor control de los flujos migratorios.
¿Podría el acuerdo con Albania ser una forma de facilitar las deportaciones y disuadir los flujos migratorios hacia Italia?
Según el acuerdo firmado con Tirana, a Albania solo se envían inmigrantes que no se encuentren en condiciones de vulnerabilidad (por lo que se excluyen a las mujeres, los menores o las personas con mala salud) y solo los procedentes de países considerados seguros.
Para estos solicitantes de asilo, Italia aplica un procedimiento fronterizo definido como "acelerado", es decir, sin todos los análisis en profundidad y las garantías necesarias para la acogida de esas personas.
La perspectiva es que, en caso de que se les niegue la protección internacional (como puede suceder en cualquier caso con cualquier solicitud de asilo), los migrantes podrían ser repatriados más fácilmente. "Se trata de una acción exclusivamente política, que no tiene contenido jurídico", reitera Schiavone, el jurista que preside el Consorcio Italiano de Solidaridad de Trieste
Los datos sobre la llegada de inmigrantes a Italia por mar, recogidos por ACNUR, parecen explicar por qué Bangladesh y Egipto siguen siendo considerados países seguros para las repatriaciones, a pesar de la orden del poder judicial de Roma que afirma lo contrario. En lo que va de 2024, Bangladesh ha sido el principal país de origen de solicitantes de asilo con 10.380 personas de un total de casi 55.000 llegadas. En segundo lugar está Siria, que difícilmente puede considerarse segura después de la guerra civil.
En tercer lugar se sitúa Túnez, con el que la UE ha firmado un acuerdo que incluye el control de las salidas por iniciativa de Giorgia Meloni y de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen (y a pesar de las acusaciones sobre las vulneraciones del Estado de derecho por parte de numerosas organizaciones). Egipto ocupa el cuarto lugar, con 3.207 inmigrantes acogidos en Italia en los últimos diez meses.