Las autoridades investigan si el despacho del exministro Cristóbal Montoro creó un entramado societario para desviar fondos. La causa apunta a pagos millonarios de empresas energéticas a cambio de supuestas ventajas fiscales y reformas favorables entre 2008 y 2015.
PUBLICIDAD
El juez que imputó al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha ordenado investigar si los socios del bufete del exministro popular, Equipo Económico, diseñaron una estructura empresarial opaca para desviar fondos y obtener beneficios derivados de sus presuntas actividades ilegales. La investigación apunta a que el alcance de estas prácticas podría ir más allá del sector energético, involucrando también a otras grandes empresas españolas.
Según medios españoles que han tenido acceso a un auto de mayo de 2024, las autoridades sospechan que el despacho de Montoro fue contratado por compañías del sector gasista con el objetivo de facilitar reformas legislativas favorables a sus intereses. No obstante, los indicios apuntan a que este patrón podría haberse repetido con otras entidades, entre ellas Madrid Network, Ferrovial y Abengoa.
Además, el juez señala la "coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico".
Transferencias internacionales bajo sospecha
Ya en 2023, la Guardia Civil advirtió de que parte del dinero involucrado podría haberse transferido al extranjero, concretamente a países como Irlanda, Dinamarca o Luxemburgo. Además, se detectaron entradas de capital procedentes de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Panamá, a través de sociedades vinculadas al bufete.
El que fue ministro de Hacienda durante los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy fue imputado el pasado 16 de julio por los supuestos delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental, junto a otras 27 personas.
Según fuentes vinculadas al caso citadas por 'El País', su bufete Equipo Económico habría recibido hasta 7,8 millones de euros entre los años 2012 y 2015 de compañías eléctricas y de energías renovables, supuestamente para influir en las decisiones legislativas y la agenda del Gobierno. La cifra ascendería a 11 millones de euros si se incluyen los pagos realizados desde 2008.