La juez Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Catarroja, lidera la investigación judicial sobre la DANA del 29 de octubre en Valencia. Conocida por su rigor y discreción, ha desmontado las principales versiones del Gobierno de Carlos Mazón.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), se ha convertido en una de las figuras judiciales más comentadas del último año. Desde finales de 2024 dirige la investigación penal sobre la DANA del 29 de octubre, la catástrofe que dejó más de 220 fallecidos en la provincia de Valencia y que ha sacudido los cimientos políticos del Gobierno autonómico de Carlos Mazón.
Conocida por su meticulosidad y perfil reservado, Ruiz Tobarra asumió en exclusiva la causa con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, debido a su enorme complejidad. En pocos meses ha tomado más de 250 declaraciones, con un enfoque centrado en determinar si aquellas muertes podrían haberse evitado.
Natural de la Comunidad Valenciana y con más de 15 años de experiencia judicial, Ruiz Tobarra ocupa el mismo juzgado desde 2007. Evita los medios y mantiene un trato cercano con las víctimas y sus familias, según ha confirmado Toñi García, que perdió a su marido y a su hija aquel 29 de octubre, en una entrevista exclusiva con 'Euronews': "Está llevando a cabo una instrucción ejemplar. Han intentado mermarla, pero no lo van a conseguir. Es una persona fuerte y sabe a lo que se enfrenta", asegura.
Su investigación se ha convertido en un símbolo de la búsqueda de justicia y rendición de cuentas institucional tras una de las tragedias más graves de la historia reciente en España.
Una jueza frente a las múltiples versiones de Mazón
En los últimos meses, la magistrada ha cuestionado abiertamente las versiones del presidente valenciano, Carlos Mazón, y de su equipo. Ruiz Tobarra ha desacreditado algunas de sus principales explicaciones sobre la gestión de la emergencia: el supuesto "apagón informativo" durante las horas críticas en la reunión del CECOPI y la afirmación de que ningún político participó directamente en la coordinación.
Los vídeos que la juez exigió incorporar a la causa muestran a la entonces 'consellera' Salomé Pradas dirigiendo las reuniones de emergencia, contradiciendo su propia declaración. También ha demostrado que las alertas sobre el riesgo de desbordamiento eran conocidas con antelación por los responsables políticos.
En sus autos, Ruiz Tobarra califica la actuación de los altos cargos de "manifiesta pasividad" y "grosera negligencia", subrayando que una alerta temprana a los móviles de la población habría evitado muchas muertes.
La juez denuncia una campaña de "machismo atroz"
A pesar de su discreción, la juez ha sido objeto de una intensa campaña mediática y política. El periódico digital 'OkDiario' publicó fotografías suyas dentro del juzgado junto a su marido, también juez, y su hija menor, insinuando que él habría participado en la instrucción al tomar declaración a una víctima.
Ruiz Tobarra respondió con contundencia, denunciando "una campaña difamatoria" marcada por "un machismo atroz" que busca poner en duda su imparcialidad y apartarla del caso. En los últimos meses, también ha tenido que hacer frente a una querella por prevaricación de Manos Limpias y a una queja ante el Consejo General del Poder Judicial presentada por la defensa de una de las principales investigadas. Ninguna de estas acciones ha prosperado.