El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia (TSJ) ha declarado nula la condena de 10 años de prisión que pesaba sobre la expresidenta interina Jeanine Áñez por asumir la presidencia en 2019, y ha ordenado su puesta en libertad inmediata tras casi cinco años detenida.
"Estos casi cinco años privada de libertad me marcaron, pero no quebraron mi convicción". Con esas palabras, publicadas este miércoles en su cuenta oficial de X, la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) boliviano de anular la sentencia de 10 años de prisión en su contra y ordenar su liberación inmediata tras casi cinco años de detención.
El fallo, anunciado también este miércoles 5 de noviembre en Sucre, declara la nulidad del proceso conocido como "golpe de Estado II", en el que Áñez fue condenada en 2022 por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes.
El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, explicó que la Sala Penal consideró que se vulneraron garantías constitucionales, ya que la exmandataria fue juzgada por la vía ordinaria cuando correspondía un juicio de responsabilidades, reservado a expresidentes y altas autoridades del Estado. "Se dispone la nulidad de obrados hasta el auto de apertura de juicio oral y, en consecuencia, que la señora Jeanine Áñez sea juzgada en la vía que corresponda", declaró Saucedo. El tribunal también ordenó al juez de ejecución penal de La Paz que "disponga su libertad en el día".
Áñez permanecía recluida desde marzo de 2021 en el penal femenino de Miraflores, acusada de asumir la presidencia de manera irregular tras la renuncia de Evo Morales en 2019. Su defensa sostuvo durante años que el proceso fue "ilegal y político", argumento que ahora respalda el fallo del Supremo.
En su publicación en X, Áñez reiteró que "nunca va a arrepentirse de haber servido a su patria"y afirmó que "la injusticia no solo está en prisión, sino también en la mirada de quienes se niegan a ver más allá del prejuicio" Aseguró, además, que sigue "de pie, con la conciencia tranquila y la dignidad intacta". Sus abogados celebraron la resolución como una "restitución del orden constitucional". Sin embargo, el caso no se da por cerrado, ya que deberá reencauzarse a un juicio de responsabilidades que requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Un pasado muy presente
El fallo del Supremo se produce en medio de un debate sobre la independencia judicial en Bolivia y podría marcar un precedente para otros procesos relacionados con la crisis política de 2019.
La crisis boliviana de 2019 se desató tras las elecciones presidenciales de octubre, cuando las denuncias de fraude forzaron la renuncia de Evo Morales después de 21 días de protestas y presión militar. La entonces segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez, asumió la presidencia interina el 12 de noviembre de ese año alegando un vacío de poder.
Su mandato de 11 meses estuvo marcado por las muertes en Sacaba y Senkata y por la convocatoria de nuevas elecciones, en las que resultó electo Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS). Desde entonces, los procesos judiciales contra Áñez han dividido al país entre quienes la consideran una usurpadora y quienes la ven como una figura de transición en medio de una crisis institucional.