La Autoridad Palestina anunció el fin de su Fondo para los Mártires este año, un sistema apoyado por casi el 90% de los palestinos por funcionar como una red de protección social. Sin embargo, Israel denuncia que los pagos a presos y familias de atacantes continúan en secreto.
En febrero, la Autoridad Palestina anunció el fin de su programa de prestaciones sociales para aquellas familias de palestinos asesinados o encarcelados por Israel. Conocido como el Fondo de los Mártires, este garantizaba a los palestinos encarcelados por Israel un sustento mensual cuya cuantía se determinaba por la duración de la condena. También se otorgaba un subsidio adicional para sus familias destinado a cubrir gastos médicos o educativos.
El programa fue criticado por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel como un mecanismo para "recompensar los atentados" contra Israel. El presidente palestino, Mahmud Abbas, revocó el antiguo sistema a principios de 2025 como muestra de buena voluntad hacia la Administración Trump y reiteró públicamente que ya no estaba en vigor durante la Asamblea General de la ONU del pasado mes de septiembre.
Sin embargo, Israel afirma que el sistema sigue funcionando y, además, que podría estar manteniéndose con fondos de la UE. Según la información obtenida por 'Euronews', la delegación de Israel se encuentra estos días en Bruselas para presentar sus pruebas de que el programa sigue en vigor.
Desde febrero, cuando el programa finalizó oficialmente, la Autoridad Palestina estableció un nuevo mecanismo denominado INPEE (la Institución Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico). Este nuevo organismo centralizado se encarga de gestionar los pagos de la ayuda social palestina de acuerdo con criterios internacionales de bienestar como ingresos, empleo y vivienda.
Si la solicitud de una persona cumple los requisitos socioeconómicos, recibe un pago básico de unos 500 euros (1880 nuevos sheqels). Según la información obtenida por 'Euronews', los solicitantes también reciben pagos adicionales a través de canales alternativos que no se declaran ni se auditan.
Estos canales se utilizarían, presuntamente, para pagar a quienes no han presentado su solicitud. Varios miembros de Hamás se incluirían en estas listas de forma automática, según dichas informaciones, a pesar de que la Autoridad Palestina niega estos postulados.
Las familias de palestinos muertos o heridos en atentados contra israelíes reciben automáticamente el pago básico sin necesidad de cumplir los criterios. Israel considera desde hace tiempo que esta práctica recompensa e incentiva los ataques contra su país y sus ciudadanos. En cuanto a los presos liberados, los que se encuentran en Israel o en los territorios palestinos supuestamente siguen recibiendo el pago como 'salario'.
Los presos exiliados y los que tienen que permanecer en el extranjero supuestamente reciben pagos por alojamiento y alquiler, además de esa subvención mensual. Una parte importante del presupuesto del programa procedería, supuestamente, de la ayuda internacional.
Los datos de las organizaciones internacionales
Según el Centro Palestino de Investigación Política y de Encuestas, el apoyo a estos pagos alcanza el 91% entre los palestinos: se considera una red de seguridad ante las dificultades de vivir bajo la ocupación israelí y la aplicación de su ley militar. Existen evidencias contundentes de que los tribunales militares israelíes sobreestiman sistemáticamente sus casos contra civiles palestinos, incluidos los no violentos, según testifican organizaciones como el 'think tank' Carnegie para la Paz Internacional.
Muchos palestinos son encarcelados por Israel como "amenazas contra la seguridad" por actos que en Occidente se considerarían casos de desobediencia civil. La tasa de condena para los palestinos procesados por tribunales militares israelíes es del 99%.
Además, Israel suele imponer castigos colectivos a las familias de palestinos sospechosos de haber cometido delitos, como la destrucción de la vivienda familiar; uncrimen de guerra, según el Derecho internacional. En el 2000, Israel aprobó leyes para impedir a los palestinos demandar a su Ejército por lesiones o muertes.
¿Qué dice la Autoridad Palestina?
A principios de este mes, Abbas despidió a su ministro de Finanzas, Omar Al Bitar, según la agencia de noticias Wafa dirigida por la Autoridad Palestina. Aunque no se dio ninguna razón oficial para su destitución, se dice que Al Bitar permitió que continuaran los pagos a los presos, incluyendo a aquellos acusados por terrorismo.
Algunos medios israelíes aseguran que Al Bitar autorizó pagos a algunos presos de seguridad palestinos al margen del nuevo sistema que la AP estableció a principios de año, que condicionaba dicha asistencia estrictamente a la necesidad económica y no a la duración de la condena.
A principios de noviembre, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Sa'ar, comentó la destitución del ministro de Finanzas de la AP, afirmando que la medida "no absolverá al destituyente, Mahmud Abbas, ni a la AP de su complicidad en el pago por asesinato y de su responsabilidad en los continuos pagos a terroristas y sus familias".
La UE es el mayor proveedor de ayuda exterior a los palestinos, con una asignación bilateral que asciende a unos 1.360 millones de euros entre 2021 y 2024. En abril de 2025, la UE dio a conocer un paquete de ayuda financiera de hasta 1.600 millones de euros para apoyar a la AP y financiar proyectos en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza.
Más de un tercio de este dinero, que se entregará en dos años, se aportará como apoyo presupuestario directo a la AP y está destinado a mejorar la sostenibilidad financiera, la gobernanza democrática y los servicios para ayudar al desarrollo del sector privado. La ayuda está condicionada a que la AP lleve a cabo importantes reformas democráticas y de gobernanza, incluyendo el fin de los pagos al Fondo de los Mártires.