Se pretende negociar con cada Gobierno una reducción de la deuda a medida, con cuatro años para alcanzar los objetivos
PUBLICIDADLa Comisión Europea ha presentado su esperada reforma de las normas fiscales. Y podría decirse que incluye tanto palos como zanahorias, tratando así de contentar por igual a unos y otros países.
La idea principal es negociar con cada Gobierno una reducción de la deuda a medida. Y tendrán cuatro años para alcanzar el objetivo. Si no lo consiguen, entrarán en juego las temidas sanciones financieras.
"Los retos a los que nos enfrentamos hoy están a un mundo de distancia de los años sesenta", explicaba el comisario de Economía de la Unión Europea, Paolo Gentiloni. "La deuda pública se ha disparado, al igual que nuestras necesidades de inversión. Así que las propuestas de hoy abordan esos dos aspectos".
"Lo llamamos Pacto de Estabilidad y Crecimiento", añadía Gentiloni. "El objetivo es lograr una reducción más gradual pero más constante de los niveles de deuda y contribuir a impulsar un crecimiento sostenible e integrador a través de inversiones y reformas".
Lo cierto es que no se ha fijado ningún objetivo numérico sobre cuánto debe disminuir la deuda cada año. Y esto es algo que no gusta a Alemania, ya que Berlín pedía una reducción anual del 1% del Producto Interior Bruto.
Como parte de la revisión, Bruselas ha añadido una salvaguarda que obligará a los Estados miembros con déficits superiores al 3 % del Producto Interior Bruto a realizar ajustes por valor de al menos el 0,5 % de su PIB cada año hasta que vuelvan a la normalidad.
Aunque la propuesta de la Comisión no va tan lejos como podría haber esperado Alemania, representa una notable desviación respecto a un informe preliminar publicado en noviembre, en el que el Ejecutivo rechazaba de plano cualquier tipo de enfoque único para la reducción de la deuda.
"Hemos escuchado las opiniones de los distintos Estados miembros, hemos escuchado al Parlamento Europeo, a los interlocutores sociales, a las distintas partes interesadas", declaraba Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, al presentar las propuestas. "Lo que presentamos creemos que es un paquete equilibrado que tiene en cuenta todas esas distintas aportaciones".
Salvaguardias por la transparencia
La Comisión introduce cuatro salvaguardias para garantizar lo que Dombrovskis calificó de "transparencia e igualdad de trato" entre los 27 Estados miembros.
Los países cuyo déficit supere el 3 % del PIB tendrán que hacer ajustes anuales por valor del 0,5 % del PIB hasta que el déficit caiga por debajo de la marca.
El ratio deuda/PIB deberá ser visiblemente inferior al final del plan de cuatro años.
En caso de que el plan se amplíe a siete años, la mayoría de las correcciones fiscales deberían tener lugar en los cuatro primeros años, en lugar de retrasarse hasta el final.
El gasto neto debe mantenerse siempre por debajo del crecimiento económico potencial.
Además, cualquier país que se desvíe del plan a medio plazo acordado con la Comisión será sometido automáticamente al llamado Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE), que puede desembocar en sanciones financieras.
La austeridad, difícilmente evitable
A la espera de resultados, algunos analistas dudan desde ya que estas nuevas medidas puedan salvar a los Estados miembros de una nueva ronda de austeridad. Tal es el caso del economista del Instituto Bruegel, Zsolt Darvas.
"Siento decirlo", dice Darvas a Euronews, "pero será necesaria cierta austeridad prácticamente en toda Europa. Sólo hay unos pocos países como Dinamarca, Suecia y Luxemburgo que no tendrán que hacerlo. Y la razón es que los países se embarcaron en un gasto muy excesivo durante la pandemia del covid-19".
"Luego, en 2022, llegó la gran crisis energética", continúa el experto, "y de nuevo los Gobiernos proporcionaron un apoyo fiscal masivo a los hogares y a las empresas para ayudarles a bajar los precios de la energía. Desgraciadamente esto tendrá que llegar a su fin".
La propuesta de la Comisión tendrá que ser debatida ahora por los Gobiernos de la Unión Europea y negociada con el Parlamento Europeo, con vistas a un todavía difícil acuerdo en 2023.