La medida atrae aún más la atención internacional sobre el aumento de la represión y la erosión de la democracia en Túnez desde que Kais Saied consolidó el poder.
PUBLICIDADLos hijos de cuatro opositores encarcelados en Túnez han pedido a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación sobre la persecución política y las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por el Gobierno del presidente Kais Saied.
En un comunicado al tribunal con sede en La Haya, los familiares acusan a Saied y a miembros de su Gobierno de vulnerar los derechos humanos en campañas selectivas contra líderes y partidos de la oposición, tunecinos negros e inmigrantes, jueces, sindicatos, periodistas y la sociedad civil.
"Los delitos que deben investigarse son dos", declaró el abogado de las familias a la prensa el jueves, tras presentar formalmente la denuncia: "Los cometidos contra personas señaladas por ser opositoras al actual Gobierno y, en segundo lugar, contra migrantes negros y tunecinos negros objeto de una oleada de represión brutal".
La medida atrae aún más la atención internacional sobre el aumento de la represión y la erosión de la democracia en Túnez desde que Saied consolidó el poder en el golpe de Estado de 2021.
Al menos 41 de los críticos más destacados del Gobierno han sido detenidos en una ofensiva contra la disidencia, despertando temores de un retorno a la autocracia en el país norteafricano, que una vez fue considerado como la única democracia que surgió de la Primavera Árabe.
Bajo el brazo y el Gobierno de Saied, Túnez ha sido criticado por cometer abusos contra los migrantes negros, muchos de los cuales han sido devueltos a la fuerza a abrasadoras regiones desérticas en la frontera entre Túnez y Libia, sin comida ni agua. Saied, en particular, ha sido condenado por sus comentarios descaradamente racistas en los que acusaba a los migrantes subsaharianos negros de un complot para "cambiar la composición del paisaje demográfico de Túnez".
"Autoritarismo brutal"
Los familiares que han presentado la demanda son los hijos e hijas de Ghazi Chaouachi, fundador del partido Corriente Democrática; Chaima Issa, miembro de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional; y Said Ferjani y Rached Ghannouchi, dos destacados dirigentes de Ennahda, el partido democrático islámico autodefinido.
"La libertad no se da, sino que se gana con la lucha y la constancia", afirmó Elyes Chaouachi, hijo de Ghazi Chaouachi.
En declaraciones realizadas el jueves en La Haya, los familiares afirmaron que sus padres habían sido encarcelados ilegalmente y desde entonces estaban sometidos a condiciones horribles.
Said Ferjani, de 69 años, fue detenido y torturado bajo el régimen del presidente Zine El Abidine Ben Ali antes de huir a Londres, donde vivió exiliado durante más de dos décadas. Regresó a su patria tras la Revolución Tunecina de 2011.
Su hija, Kaouther Ferjani, contó a Euronews que su padre comparte una celda con capacidad para 60 personas con otros 120 presos, la mayoría de ellas fumadores empedernidos.
"Mi padre está constantemente entrando y saliendo del hospital con infecciones en el pecho. Por primera vez en su vida ha tenido que utilizar un inhalador", explicó Ferjani. "No siempre recibe tratamiento médico, y la forma en que se le trata a él y a los demás presos depende realmente del capricho del guardia de la prisión".
A principios de esta semana, tres de los presos, entre ellos el padre de Ferjani, anunciaron que iniciarían una huelga de hambre en protesta por el uso de la detención arbitraria.
"Estamos muy, muy preocupados por el bienestar de mi padre, sobre todo ahora que ha comenzado la huelga de hambre, sabiendo que no se encuentra bien, que tiene problemas de corazón y otras enfermedades", dijo Ferjani.
Rached Ghannouchi, de 82 años, cofundó el partido Ennahda y fue presidente del Parlamento hasta que Saied cerró la cámara en 2021. Actualmente está en prisión preventiva por lo que su hija, la doctora Yusra Ghannouchi, describió como "cargos políticamente motivados".
En mayo, también fue condenado a un año de prisión por el tribunal antiterrorista de Túnez en relación con unas declaraciones públicas que hizo en un funeral en las que elogiaba al fallecido como un "hombre valiente" que no temía "a un gobernante ni a un tirano".
En declaraciones a Euronews, la doctora Ghannouchi afirmó que la huelga de hambre es el "último recurso" de los defensores de la democracia. "No pueden conseguir ninguna justicia en el sistema actual de Túnez, que está controlado por el presidente", explicó.
"No hay independencia del poder judicial en Túnez. Hay una inmensa presión sobre los jueces para que se sometan a las órdenes del ejecutivo y el poder judicial se está utilizando como herramienta para eliminar a la oposición. Por eso buscamos justicia".
PUBLICIDADLa "aprobación tácita" de Europa
Ambas mujeres ya han presentado un caso similar ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, con sede en Arusha (Tanzania), y han pedido a la Unión Europea, Reino Unido y Estados Unidos que sancionen al Gobierno de Saied.
También señalaron la ausencia de condena por parte de Occidente en respuesta a las violaciones de derechos humanos del régimen, ampliamente documentadas.
"Europa es responsable por no condenar el golpe, por dar su aprobación tácita a lo que ha estado ocurriendo bajo el régimen de Kais Saied. Europa es responsable de la situación en la que nos encontramos ahora, tanto por la represión de la oposición como por el aumento de las violaciones contra los refugiados", afirmó Ghannouchi.
"Necesitamos que Europa demuestre su compromiso con los valores de la democracia, la libertad y los derechos humanos, en lugar de recompensar a quien está violando profundamente los derechos humanos, además de agravar la situación económica en Túnez", añadió.
Elyes Chaouachi criticó el reciente memorando de entendimiento firmado entre la UE y el Gobierno de Saied durante una visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte.
PUBLICIDADEl memorando destina, entre otras partidas financieras, 105 millones de euros de fondos de la UE a reforzar los controles fronterizos e impedir la salida de embarcaciones de migrantes, la mayoría de los cuales llegan a las costas italianas.
"El Señor Mark Rutte sigue siguiendo al presidente Saied para defender sus intereses antimigratorios, en lugar de defender la democracia, la justicia y los derechos humanos", afirmó Chaouachi.
"Antes creía que los Gobiernos europeos estaban comprometidos con los derechos humanos", dijo, "pero hoy se prioriza un contrato antiinmigración o un acuerdo con un presidente autoritario en Túnez sobre la defensa de los derechos humanos y las condiciones de los presos."
Los crímenes "merecen" la atención de la CPI
Túnez se convirtió en el primer Estado norteafricano miembro de la Corte Penal Internacional en 2011, cuando los levantamientos prodemocráticos inspiraron la revolución tunecina.
El caso se ha presentado en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma del tribunal, que permite al fiscal investigar por "iniciativa propia", obviando la necesidad de obtener una remisión de un Estado miembro o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
PUBLICIDADLa jurisdicción del tribunal se limita a crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, tal y como se definen en el Estatuto.
El abogado del equipo reconoció que sería "difícil" conseguir que la CPI iniciara la investigación. Sin embargo, el fiscal ya ha investigado en el pasado denuncias presentadas en virtud del artículo 15, entre ellas las relativas a violaciones de derechos humanos en Myanmar.
"Pedimos al fiscal de la CPI que al menos visite Túnez para enviar una señal muy clara de que no se deben tolerar estos graves crímenes contra la humanidad sobre los que la Corte tiene jurisdicción", dijo el abogado.
"Debería ser una prioridad para el fiscal de la CPI dirigir su atención a este asunto. Si lo ignorara, solo envalentonaría al régimen de allí para continuar con sus violaciones".