Las catastróficas inundaciones, que afectaron principalmente al este de España, comenzaron el 29 de octubre cuando llegó la DANA a la región de Valencia. En algunas zonas, llovió la cantidad de un año en solo ocho horas. Este cementerio de coches es otro resultado del paso de la fatídica DANA.
PUBLICIDAD
Un enorme cementerio de coches en Catarroja, en el este de la Comunidad Valenciana, recuerda con crudeza la magnitud de las devastadoras inundaciones de octubre. Hay muchos cementerios improvisados de este tipo por toda la Comunidad Valenciana, donde se almacenan los coches siniestrados a la espera de que se los lleven y los desguacen.
En algunas partes de la región, los campos de deportes fueron utilizados para almacenar los vehículos cubiertos de barro para mantener las carreteras despejadas para los vehículos de emergencia.
"El 80% de estos coches no se pueden restaurar. Pero tanto si se salvan como si no, queríamos verlo", dijo un hombre, curioso por ver los restos. Pero aunque muchos de estos vehículos nunca volverán a estar en condiciones de circular, lo que queda de ellos sigue suponiendo un riesgo.
"El peligro es que una batería estalle y se incendie con el combustible que aún queda en los coches", dijo otro hombre. Las catastróficas inundaciones, que afectaron sobre todo al este de España, empezaron el 29 de octubre, cuando lluvias torrenciales azotaron partes de Valencia, y algunas zonas recibieron el equivalente a un año de lluvia en sólo ocho horas. Se ha confirmado la muerte de al menos 224 personas y siete siguen desaparecidas.
Más de la mitad de los fallecidos en Valencia tenían 70 años o más, según las cifras de un centro de datos creado por la Policía tras la catástrofe.
La respuesta del Gobierno regional a la catástrofe provocó la indignación generalizada en toda la provincia, y decenas de miles de personas organizaron una protesta a mediados de noviembre, acusando a las autoridades regionales de enviar alertas públicas advirtiendo de los peligros de las inundaciones con demasiada lentitud.
Algunos manifestantes pidieron también la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a quien acusaron de negarse a asumir su responsabilidad en la crisis, después de que en un primer momento señalara como responsable al Gobierno socialista del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Tras la protesta, la vicepresidenta de la región, Susana Camarero, afirmó que nadie dimitirá mientras España se recupera de su peor catástrofe natural en décadas.
"Dada la magnitud de la catástrofe y los daños causados a los pueblos y a las personas, dada esa magnitud y todos los daños causados, no podemos abandonar a las víctimas", dijo Mazón.
El Gobierno central español insiste en que la respuesta a la catástrofe recayó enteramente en Mazón y no en Madrid, ya que había sido calificada como emergencia de nivel dos y, por tanto, las labores de socorro eran responsabilidad de las autoridades regionales.
No fue la primera protesta airada en la región. El 3 de noviembre, cuando visitaron el municipio de Paiporta, la realeza española, el presidente Sánchez y varios dirigentes regionales recibieron el lodo de una multitud enfurecida.
Se desconoce el alcance total de los daños en la región, pero el Consorcio de Compensación de Seguros de España, entidad público-privada que paga las indemnizaciones de los seguros por riesgos extremos como las inundaciones, calcula que pagará al menos 3.500 millones de euros en indemnizaciones aparte de los 900 millones de ayuda recibidos de Europa.