La petición española no alcanzó la mayoría necesaria, ya que países como Finlandia, Suecia y Austria expresaron sus reservas.
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España no ha obtenido la unanimidad necesaria para elevar el catalán, el gallego y el vasco a lenguas oficiales de la Unión Europea, ya que varios Estados miembros han expresado su preocupación por las implicaciones administrativas y jurídicas de una medida sin precedentes.
El resultado se materializó durante una reunión de ministros de Asuntos de la UE celebrada el martes, en la que estaba previsto someter la cuestión a votación formal. A medida que avanzaba el debate, se hizo evidente que las reservas en la sala eran suficientes para impedir el consenso. "Había un gran número de países dispuestos a apoyar (la petición), pero había una minoría que pedía más tiempo, y decidimos concederlo", dijo Pilar Alegría, portavoz jefe del Gobierno central en Madrid.
"Vamos a seguir trabajando y discutiendo"
La petición se remonta a 2023, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aseguró el apoyo de los legisladores separatistas catalanes, que tienen un número pequeño pero crucial de escaños en el Parlamento español, para formar un Gobierno en minoría. Como parte del acuerdo de investidura, Sánchez prometió llevar a Bruselas una propuesta para modificar el Reglamento 1/1958 y convertir el catalán, el gallego y el vasco en lenguas oficiales de la UE.
El respaldo de los partidos regionales se ha hecho más acuciante después de que Sánchez presentara un nuevo presupuesto con un fuerte aumento del gasto en Defensa que necesita la bendición del Parlamento. A día de hoy, el Reglamento 1/1958 reconoce 24 lenguas. La designación implica la traducción de todo acto jurídico, incluida la publicación diaria del diario oficial, y la interpretación en tiempo real durante los debates en el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo.
Un primer intento de cambiar el reglamento fue rápidamente rechazado en septiembre de 2023, a pesar de que Madrid se ofreció a pagar íntegramente los gastos adicionales. El fiasco provocó meses de negociaciones entre bastidores para convencer a los países reticentes y conseguir la unanimidad necesaria. España pidió que se incluyera el asunto en el orden del día del martes por la mañana, aunque la aritmética parecía muy incierta en vísperas de la reunión ministerial.
A su llegada a Bruselas, el ministro finlandés de Asuntos Europeos, Joakim Strand, puso en duda la petición, argumentando que el tema "aún no está maduro". "El servicio jurídico del Consejo también ha planteado algunas dudas, y creo que es algo que debemos tomarnos muy en serio", declaró Strand a la prensa. "Creo que la diversidad lingüística es importante, y siempre somos constructivos, y queremos continuar el debate".
La sueca Jessica Rosencrantz y la austriaca Claudia Plakolm también destacaron la importancia de respetar la diversidad de la UE, pero se hicieron eco de la preocupación por las implicaciones financieras y jurídicas que conllevaría la triple designación. La Comisión Europea calculó anteriormente que el coste sería de 132 millones de euros al año, y que el catalán, el gallego y el vasco costarían 44 millones de euros cada uno. La evaluación era preliminar, basada en la experiencia pasada con el gaélico en Irlanda.
El régimen lingüístico español es único en Europa
En virtud de la Constitución de España, promulgada en 1978 tras el fin de la dictadura militar, las tres lenguas obtuvieron el estatus de cooficiales en las regiones donde se hablan y gozan del mismo estatus jurídico que el castellano.
El catalán lo hablan más de 9 millones de personas en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Andorra. El gallego ocupa un distante segundo lugar, con unos 2,5 millones de hablantes en Galicia, el extremo noroccidental de España. El euskera o lengua vasca, que no procede del latín, lo hablan más de 750.000 personas en el País Vasco y Navarra, y también en las zonas limítrofes del sur de Francia.
"No se trata de traducir más o menos documentos, se trata de respetar la identidad de los ciudadanos europeos", declaró en febrero a 'Euronews' el presidente de Cataluña, Salvador Illa, durante una visita oficial a Bruselas. "No se trata, digamos, de una cuestión política, o de una reivindicación política. Yo lo plantearía desde otro punto de vista. Es una medida justa desde el punto de vista lingüístico. Hay 20 millones de ciudadanos que hablan estas lenguas oficiales".