La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó este viernes un amplio operativo por orden del Tribunal Supremo que incluyó el acceso a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
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Los agentes, vestidos de paisano, se personaron en las instalaciones socialistas para proceder al clonado del correo electrónico corporativo del exsecretario de Organización Santos Cerdán, quien se encuentra investigado en el denominado caso Koldo por presuntas adjudicaciones irregulares de obras públicas.
El magistrado instructor Leopoldo Puente autorizó mediante un auto de 46 folios esta diligencia, junto a otras actuaciones simultáneas en diferentes organismos públicos. La operación se extendió también al Ministerio de Transportes, donde los investigadores procedieron al clonado de la cuenta corporativa del exministro José Luis Ábalos, así como a las oficinas de ADIF y la Dirección General de Carreteras para la obtención de expedientes relacionados con las obras presuntamente manipuladas.
Según el auto judicial, existen evidencias de irregularidades en la adjudicación de contratos públicos a cambio de comisiones ilegales. El juez considera que Santos Cerdán "pudiera haber participado, actuando de consuno con el aforado, en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obras públicas", llegando incluso a ser quien "se encargara de distribuir entre los diferentes partícipes las cantidades recaudadas".
El Partido Popular ha comentado tal acción, su líder Alberto Núñez Feijóo ha hablado públicamente: "Lo único que debe salir, hoy mejor que mañana, del búnker de La Moncloa, es la dimisión del presidente".
El presidente de Gobierno se ha reunido esta mañana con el 'president' de la Generalitat, Salvador Illa. No ha transcendido información de esta reunión ni tampoco sobre la posición del Gobierno ante la intromisión de la UCO en la sede del PSOE.
Investigación bancaria masiva y citación de empresarios
La resolución judicial autoriza una investigación financiera de gran envergadura que abarca cerca de 500 cuentas bancarias. Esta pesquisa incluye las cuentas y productos bancarios donde Santos Cerdán figura como titular, autorizado o representante, excluyendo únicamente las vinculadas al PSOE y la Fundación Pablo Iglesias. También se requiere información tributaria del investigado para conocer su situación financiera y su evolución temporal.
El juez ha citado como investigados a cinco empresarios del sector de la construcción para indagar en la adjudicación de obras públicas a cambio de supuestos sobornos. Los empresarios citados son Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera, José Ruz Martínez y Joseba Antxon Alonso Egurrola, quienes deberán declarar entre el 4 y el 7 de julio. Según el auto, estos empresarios "habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de precio".
La investigación financiera se extiende igualmente a las cuentas bancarias de estos cinco empresarios y de sus empresas, incluyendo ACCIONA CONSTRUCCIONES, S.A., L.I.C, O.P.R, y SERVINABAR 2000, así como a la fundación FIADELSO, estrechamente vinculada al aforado en la causa.
Indicios contra altos cargos y derivación a la Audiencia Nacional
El informe policial identifica las obras que durante el mandato de Ábalos como ministro de Transportes pudieron haber sido adjudicadas irregularmente. Por ello, el juez requiere a ADIF la documentación completa de cinco obras en San Feliú de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte y Asturias, mientras que a la Dirección General de Carreteras le solicita los expedientes de seis obras en Logroño, Sevilla, Asturias, Úbeda, Teruel y el Camino de Santiago.
El magistrado encuentra "indicios consistentes" respecto a que la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera y el exdirector general de Carreteras Javier Herrero "hubieran podido prestar, en el marco de las indebidas adjudicaciones", asistencia a Ábalos a través de Koldo García. Según el auto, ambos facilitaron información conveniente de los expedientes y la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro les impartía a través de su asesor.
Sin embargo, al considerar que las conductas de estas dos personas son instrumentales o accesorias a la finalidad principal perseguida por el aforado, el juez acuerda deducir testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional para que investigue los hechos relativos a ambos. De igual manera procede con las conductas de Francisco Javier Lorente y Miguel Moreno Purroy, al no hallar vínculo directo con los comportamientos atribuibles a José Luis Ábalos.