Algunos manifestantes forzaron su entrada al Palacio Nacional de Carondelet y lanzaron piedras a los agentes antes de que la policía respondiera con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. Se informó de una mujer herida con lesiones en la cabeza.
El gobierno declaró el estado de emergencia en siete provincias, incluidas Pichincha, Carchi y Azuay, citando bloqueos de carreteras y alteraciones del orden público. El decreto restringe el derecho de reunión y otorga a la policía y a las fuerzas armadas el control sobre la seguridad pública.
El presidente Daniel Noboa dijo que las medidas eran necesarias debido a la violencia que ha afectado la libertad de movimiento, el trabajo y la actividad económica. La decisión de eliminar un subsidio al diésel de 1.100 millones de dólares causó que los precios subieran de 1,80$ a 2,80$ por galón, lo que provocó la ira de transportistas y agricultores.
Las autoridades anunciaron compensaciones en efectivo para los transportistas, programas de apoyo social y la distribución de tractores para mitigar el impacto de la reforma. Los sindicatos y la Confederación de Nacionalidades Indígenas advirtieron que intensificarían las protestas, acusando al gobierno de poner a prueba “la paciencia popular”, mientras que los funcionarios dijeron que no revertirían la decisión.
