Un estudio sugiere que la financiación verde impulsará la economía, pero los países mediterráneos sufrirán dificultades fiscales.
PUBLICIDADItalia y España podrían enfrentarse a mayores niveles de austeridad como consecuencia de las inversiones públicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa en un 90% para 2040, según sugiere un nuevo estudio publicado este 16 de septiembre.
El think tank Agora Energiewende afirma que la transición energética podría suponer un crecimiento del 2% de la economía europea de aquí a 2040, vinculado a las inversiones verdes. Sin embargo, tras analizar las circunstancias específicas de Francia, Alemania, Italia, Polonia y España, señala los retos específicos a los que se enfrentan los países mediterráneos debido a sus elevados niveles de deuda.
A pesar del efecto económico positivo general previsto en el análisis, es probable que los niveles de deuda de los países muy endeudados sigan aumentando a menos que los Gobiernos apliquen medidas de austeridad adicionales.
"Los Estados miembros de la UE deberían empezar a evaluar y abordar los riesgos fiscales relacionados con la transición en los análisis de sostenibilidad de la deuda y en los planes presupuestarios nacionales", sugirió Agora, señalando que los Gobiernos de la UE no pueden depender únicamente de los ingresos procedentes de la tarificación del carbono para financiar sus programas de inversión climática.
Matthias Buck, director de Agora, afirmó que los ingresos procedentes de la venta de derechos de emisión de CO2 empezarán a disminuir a mediados de la década de 2030, a medida que se reduzca la base impositiva de los combustibles fósiles, lo que subraya la importancia de la financiación de la UE para el clima en el próximo presupuesto comunitario.
"La cofinanciación por la UE de las inversiones nacionales en clima, por ejemplo en edificios y transporte limpio, reduce la necesidad de que los Gobiernos elijan entre sostenibilidad económica y medioambiental", afirmó Buck.
Según las estimaciones de Agora, a lo largo de esta década se necesitarán inversiones anuales de al menos 462 000 millones de euros, equivalentes al 2,7% de la producción económica de la UE, cifra que coincide con las grandes sumas citadas en el reciente informe Draghi sobre competitividad y transición energética.
Según el estudio, estas necesidades de inversión aumentarán hasta el 3,3% o 564.000 millones de euros en la década de 2030, antes de reducirse de nuevo, con una proporción de inversiones públicas correspondiente a alrededor del 1,1% del PIB anual de la UE.
La inversión en ámbitos como las tecnologías limpias, las infraestructuras con balance cero y la renovación de edificios reforzaría la industria manufacturera de la UE, crearía nuevos empleos y fomentaría la convergencia económica entre Europa Occidental y Oriental, señaló Agora, que instó al bloque a garantizar la continuidad de la financiación a nivel de la UE después de 2026, cuando está previsto que finalice un programa de la UE para proteger a los ciudadanos más pobres durante la transición.
Pero la petición de aumentar la financiación se produce tras la investigación del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que la semana pasada denunció el mal uso de los fondos verdes, afirmando que varios países de la UE habían sobrestimado el coste de los proyectos climáticos y contabilizado mal las sumas reales gastadas.
Luke Haywood, responsable de políticas para el clima y la energía de la EEB, afirmó que si la Comisión Europea no asume su responsabilidad de garantizar que los recursos desembolsados se destinan a su finalidad declarada, seguirán financiando proyectos que no se ajustan a los objetivos de la política climática y de protección de la naturaleza.
"La supervisión es de vital importancia, ya que muchos de los problemas citados en este informe [del TCE] han surgido, al menos en parte, debido a la falta de supervisión a nivel de la UE, y a la falta de capacidad para hacerlo a nivel regional y local", declaró Haywood a 'Euronews', sugiriendo que los recursos para cubrir la capacidad administrativa a nivel local, con el fin de garantizar una supervisión adecuada de los proyectos, deberían incluirse desde la fase de inicio de los mismos.