El caso, iniciado en 2016 por organizaciones ecologistas, terminó tras casi una década con un fallo que refuerza el control sobre nuevos proyectos fósiles en Europa.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sentar un nuevo precedente para la responsabilidad climática en una sentencia histórica. En el caso Greenpeace Nordic y otros contra Noruega, dos ONG, Greenpeace Nordic y Nature and Youth, junto con seis activistas, alegaron que la decisión de Noruega de conceder licencias de prospección petrolífera en el mar de Barents violaba sus derechos humanos al no evaluar el impacto climático de la extracción de combustibles fósiles.
Aunque el Tribunal dictaminó que Noruega no había violado los derechos humanos, lo hizo con una gran salvedad. El Tribunal hizo hincapié en que los futuros proyectos petrolíferos y gasísticos deben evaluar el impacto climático global de estos proyectos de combustibles fósiles -incluidas las emisiones procedentes de la combustión, dondequiera que tengan lugar- antes de que el país abra nuevos yacimientos a la perforación.
"Esta sentencia sienta un poderoso precedente: los Gobiernos no pueden aprobar proyectos que causen daños climáticos irreversibles sin control judicial, y las ONG y los particulares tienen ahora bases jurídicas más sólidas para impugnar proyectos de combustibles fósiles en todo el mundo", afirma Sébastien Duyck, abogado del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL).
Qué significa la sentencia para los ecologistas
A primera vista, la sentencia puede no parecer una gran victoria para los activistas del clima. Pero sus implicaciones son mayores de lo que parece.
El Tribunal confirmó que los Estados tienen la obligación legal de considerar todas las consecuencias climáticas de los nuevos proyectos de petróleo y gas antes de conceder licencias de producción, aunque en este caso no se haya traspasado el umbral específico de los derechos humanos.
Esto incluye las emisiones acumuladas de todos los proyectos y las emisiones derivadas de la quema de combustibles fósiles, tanto en el país como en el extranjero.
"Ninguna producción noruega de petróleo en curso cumple estos requisitos", explicó Cathrine Hambro, abogada del Tribunal Supremo noruego. "Lo más importante es que el impacto climático debe tenerse en cuenta en las decisiones. Eso es algo que los países productores de combustibles fósiles han intentado evitar hasta ahora", declaró Clemens Kaupa, profesor de Derecho de la Universidad Libre de Ámsterdam, al medio neerlandés 'NU.nl'.
¿De dónde viene este caso?
La batalla legal comenzó en 2016, cuando Greenpeace Nórdica, Naturaleza y Juventud y seis activistas desafiaron la decisión de Noruega de abrir partes del mar de Barents a la exploración petrolera. Alegaron que las licencias violaban sus derechos en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluido el derecho a la vida y el derecho al respeto de la vida privada y familiar.
Aunque los jueces noruegos de todos los niveles reconocieron que las prospecciones petrolíferas tienen graves consecuencias para el planeta, se negaron a anular las licencias. En 2021, tras agotar sus recursos en Noruega, los demandantes llevaron el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Esta semana, el Tribunal ha reconocido que las evaluaciones climáticas iniciales de Noruega eran incompletas y ha subrayado que, antes de proceder a cualquier perforación, Noruega debe realizar un estudio adecuado y actualizado de cómo afectará el proyecto al clima.
La sentencia se basa en casos anteriores que han sentado nuevos precedentes para los derechos medioambientales. En julio, el máximo tribunal de la ONU declaró que "un medio ambiente limpio, sano y sostenible" es un derecho humano y que, si los países no toman las medidas adecuadas para proteger el clima, podrían estar violando el derecho internacional.
¿Cuál es el futuro de Noruega y los combustibles fósiles?
Por ahora, las licencias permiten la exploración, pero no la perforación. Las autoridades deben realizar sólidas evaluaciones de impacto ambiental antes de poder iniciar la producción. De este modo, los ciudadanos, las ONG y los tribunales tendrán un papel más importante a la hora de exigir responsabilidades a los gobiernos.
Los juristas lo consideran un hito en la armonización de la legislación sobre derechos humanos con la responsabilidad climática. "Esta decisión no hace que los proyectos impugnados sean más viables, sólo pospone lo inevitable", declaró Nikki Reisch, directora del programa de clima y energía de CIEL. "Ampliar la producción de combustibles fósiles ante una emergencia climática cada vez mayor es jurídicamente indefendible".