El caso eleva la presión después de que responsables de la UE se negaran en noviembre a retirar a la mina de Barroso su condición de 'estratégica'.
Un conflicto enquistado desde hace años por la extracción de litio en el norte de Portugal ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Organizaciones ecologistas y vecinales han presentado una demanda ante el alto tribunal contra la decisión de la Comisión Europea de conceder al proyecto de litio de Barroso la categoría de "estratégico".
La asociación vecinal Associação Unidos em Defesa de Covas do Barroso (UDCB) y la organización de derecho ambiental ClientEarth presentaron el recurso el jueves 5 de febrero, alegando que la Comisión no volvió a evaluar el proyecto tras conocerse nuevas pruebas sobre posibles riesgos ambientales, sociales y de seguridad.
El caso gira en torno al Reglamento de Materias Primas Críticas de la UE, aprobado en 2024. Los proyectos considerados "estratégicos" se benefician de autorizaciones más rápidas, un acceso más sencillo a la financiación y menos obstáculos para asegurar el suministro de productos verdes como vehículos eléctricos y baterías.
Equilibrio entre seguridad de suministro e impacto local
Situada cerca de Boticas, en la escarpada región de Trás-os-Montes ("tras las montañas"), la mina proyectada se asienta sobre el que se considera el mayor yacimiento conocido de espodumena de Europa, una fuente clave de litio para baterías y componentes de teléfonos móviles.
Pero la mina se ubica también en un paisaje de gran valor ecológico reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura como un "Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial".
Los grupos ecologistas denuncian desde hace tiempo que otorgar al proyecto la categoría de estratégico pasa por alto riesgos documentados para los recursos hídricos, la biodiversidad y los medios de vida locales.
Aun así, en marzo de 2025 la Comisión Europea incluyó Barroso entre los 47 proyectos "estratégicos" de la UE.
En junio del año pasado, los activistas pidieron a la Comisión que retirara el proyecto de la lista. El Ejecutivo comunitario rechazó esa solicitud en noviembre, alegando que verificar el cumplimiento de la legislación ambiental de la UE corresponde a las autoridades portuguesas.
Después, responsables de la UE afirmaron en diciembre que el proyecto mantendría su categoría, amparándose en evaluaciones según las cuales las medidas de mitigación y seguimiento limitarían la presión sobre los recursos hídricos locales, pese a la oposición de los grupos ecologistas.
En un comunicado conjunto, UDCB y ClientEarth sostuvieron que presentar el proyecto como de interés público e ignorar sus riesgos "socava principios jurídicos fundamentales de la UE" y podría convertir regiones rurales como esta en "zonas de sacrificio" para la transición energética.
Europa acelera la carrera por los materiales para baterías
El conflicto se produce mientras la UE intenta reducir su dependencia de proveedores extranjeros, sobre todo China, de materiales esenciales para sus objetivos climáticos e industriales.
El Gobierno de Portugal ha respaldado el proyecto y ha concedido 110 millones de euros en financiación a la empresa promotora Savannah Resources.
La compañía asegura que la mina podría producir cada año suficiente litio para cientos de miles, y potencialmente hasta un millón, de baterías para vehículos eléctricos, lo que la convertiría en una de las fuentes propuestas de este metal más importantes del bloque.
Pero las preocupaciones ambientales persisten.
Aunque el litio es imprescindible para las baterías, su extracción y procesamiento pueden requerir grandes cantidades de agua y entrañan riesgos de contaminación. Su explotación minera sigue siendo motivo de controversia.
Savannah sostiene que los cambios de diseño y las medidas de seguimiento han reducido de forma significativa los riesgos para las aguas superficiales y subterráneas y garantizan el cumplimiento de las normas europeas de protección del agua.
El proyecto de Barroso se perfila como una prueba de fuego para el máximo tribunal europeo. Su fallo podría repercutir en otros proyectos mineros que han recibido la categoría de estratégicos en el marco del Reglamento de Materias Primas Críticas y determinar si los intereses mineros y comerciales se impondrán a la oposición local.