Los empresarios se han unido para afrontar la posible pérdida de sus concesiones.
PUBLICIDADEn Fiumicino, Italia, las concesiones de playa y la falta de una ley nacional que las regule, son los principales temas de conversación entre los negocios costeros.
En lugar de convocar una huelga de sensibilización, como muchos han hecho recientemente ante este problema, los empresarios locales se han unido para afrontar la posible pérdida de sus licencias debido a que una reforma del Gobierno pretende sacarlas a concurso.
Aumentar la competitividad
El Gobierno italiano responde con la reforma a la directiva europea Bolkestein, cuyo objetivo es aumentar la competitividad liberando el mercado en una serie de sectores. Sin embargo, la polémica lleva años coleando y algunos operadores temen por el futuro de sus negocios, sobre todo después de que las concesiones se hayan prorrogado hasta finales de 2024.
Marco Lepre, propietario de un club de playa, encabeza el grupo que representa a un total de 11 empresarios repartidos a lo largo de la costa de Fiumincino. "El objetivo de la iniciativa es participar en las licitaciones que ahora parecen inevitables utilizando nuestras mejores herramientas", afirma Lepre.
"Nuestra idea es compartir proyectos que permitan a los empresarios locales destacar y obtener la máxima puntuación". Lepre explica que el funcionamiento del sector en Italia es muy diferente al de otros Estados miembros de la UE, con muchas familias que llevan décadas viviendo de él.
"Han invertido recursos, han creado un estilo de vida que se ha transmitido de generación en generación", prosigue Lepre. Este tipo de negocio familiar tiene un impacto significativo en la economía italiana y en el sector turístico, que representa en torno al 6% del PIB del país.
Sin embargo, el Consejo de Estado dictaminó recientemente que las concesiones no pueden renovarse automáticamente como hasta ahora, lo que se suma a los efectos del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en 2020 por no ajustarse la legislación italiana en esta materia al marco comunitario.
Los esfuerzos del Gobierno por resolver el conflicto
Algunas organizaciones profesionales, entre ellas Federbalneari, confían en los esfuerzos del Gobierno por resolver el conflicto: "Hemos decidido no ir a la huelga porque creemos que es mejor sentarse en la mesa con todas las partes implicadas y trabajar juntos en una reforma", afirma Marco Maurelli, presidente de la organización.
"Nos estamos preparando para cualquier escenario. Esperamos que el Gobierno desempeñe su papel de enlace con la Comisión Europea en estas negociaciones tan complejas y agotadoras", prosigue Maurelli.
"Confiamos en la actuación del Gobierno"
"El Gobierno de Meloni ha presentado un documento formal para negociar una reforma con la Comisión de la UE. Es la primera vez que se hace en 15 años, y confiamos en la actuación del Gobierno".
Como explica Elonora Poli, directora del 'think tank' italiano Centro de Política Europea, que ha discutido ampliamente sobre este tema, en Italia las playas son propiedad del Estado y pueden gestionarse con fines lucrativos mediante concesiones otorgadas por autoridades locales como regiones o municipios.
Graves consecuencias para Italia
"Pero el tiempo apremia", afirma Poli, "y con un marco jurídico tan ambiguo, las consecuencias para Italia de no contar con una ley nacional podrían ser muy importantes".
"Italia se arriesga a multas muy caras", prosigue Poli, "no es un problema que haya empezado con el Gobierno de Meloni, es una cuestión que el país lleva años tratando. Se necesitan normas a nivel nacional para establecer cómo deben renovarse las concesiones. Después, todos los municipios y regiones deberían hacerlas cumplir", concluye.