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Defensores de los derechos humanos piden medidas para detener las deportaciones forzosas a Siria

Solicitantes de asilo sirios en un campo de refugiados de Kokkinotrimithia (Chipre)
Solicitantes de asilo sirios en un campo de refugiados de Kokkinotrimithia (Chipre) Derechos de autor Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Derechos de autor Petros Karadjias/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Por Isabel Marques da Silva
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Este artículo se publicó originalmente en portugués

Defensores de los derechos humanos han pedido a la Unión Europea (UE) que ayude a detener el aumento de la violencia contra los refugiados sirios en Chipre y Líbano, incluida la deportación forzosa.

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"El triángulo entre Líbano, Siria y Chipre ha impulsado la catástrofe de los refugiados sirios. Sabemos con certeza que muchos de los que se vieron obligados a regresar a Siria acabaron detenidos a su llegada, o fueron reclutados por el Gobierno para el servicio militar, y algunos acabaron sirviendo en el Ejército ruso", declaró Sawsan Abou Zainedine, directora general de la asociación Madaniya, en una entrevista con 'Euronews' en Bruselas.

Sawsan Abou Zainedine y otros activistas de derechos humanos y abogados se reunieron recientemente con altos funcionarios y miembros de Gobiernos de la UE para hablar del aumento de la violencia por parte de las autoridades que acogen a refugiados sirios, que ha sido documentado por Naciones Unidas y diversas organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch.

El aumento de la inestabilidad en Líbano, que acoge a 1,5 de los 6 millones de refugiados sirios, ha llevado a muchos sirios a intentar llegar a Chipre, el país de la UE más cercano, cruzando el mar Mediterráneo. En respuesta al aumento de llegadas, Chipre ha suspendido la tramitación de solicitudes desde abril.

En reacción al informe de Huma Rights Watch, el Ministerio de Migración y Protección Internacional de Chipre emitió un comunicado en el que negaba haber llevado a cabo las llamadas devoluciones en caliente, es decir, el envío de solicitantes de asilo sirios de vuelta a Líbano. El Gobierno añadió que Chipre es un "pequeño país fronterizo" que "ha recibido flujos masivos de migrantes en los últimos años".

Por su parte, la Comisión Europea aprobó en mayo una ayuda financiera de mil millones de euros para Líbano, destinada a la gestión de las fronteras y al apoyo a las personas vulnerables, incluidos los refugiados sirios.

Human Rights Watch critica al Ejecutivo comunitario por el apoyo financiero que se da sin medios adecuados para verificar el cumplimiento de los derechos fundamentales, pero la Comisión Europea garantiza que "supervisa" estos acuerdos y que exige a los socios "que respeten el principio de no devolución".

Carta de ocho países para revisar la política sobre Siria

El llamamiento de los activistas en rueda de prensa este jueves se produce en vísperas de la reunión de un grupo de trabajo en el Consejo Europeo sobre una carta enviada por ocho Estados miembros, entre ellos Chipre, en la que piden que el bloque reevalúe su política hacia Siria reanudando el diálogo con el régimen de Bashar Al-Assad.

"Nuestro objetivo es una política para Siria más activa, orientada a los resultados y operativa. (...) Esto nos permitiría aumentar nuestra influencia política y la eficacia de nuestra ayuda humanitaria", escribieron los ministros de Asuntos Exteriores de Austria, Croacia, Chipre, la República Checa, Grecia, Italia, Eslovaquia y Eslovenia en la misiva enviada al jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

Las activistas temen que la reanudación del diálogo se emplee para "rehabilitar" al régimen de Al-Assad

Zahra Albarazi, abogada especializada en derechos humanos, recuerda que el país sigue en gran medida bajo el control de Bashar Al-Assad, 13 años después del levantamiento contra el régimen.

"No debería haber un debate sobre el regreso de los sirios, sino que debería haber un debate sobre la rendición de cuentas en Siria. Si queremos que los sirios quieran volver a casa, entonces los criminales de guerra no deberían estar en el poder y controlar completamente la economía del país", dijo en una entrevista con 'Euronews'.

Un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en febrero afirmaba que Siria no ofrece condiciones seguras para los retornados, ya que "están sometidos a graves violaciones y abusos de los derechos humanos".

Los activistas y abogados señalaron que los refugiados "se están convirtiendo cada vez más en víctimas de xenofobia, discriminación y agresiones violentas, a medida que el discurso político se desplaza hacia el diálogo con Assad".

"La reanudación del diálogo con el régimen sirio no debe enmarcarse como un movimiento diplomático para resolver un conflicto prolongado porque rehabilita a un régimen responsable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad bajo la apariencia de pragmatismo", afirmó Sawsan Abou Zainedine en la rueda de prensa.

La activista advirtió de que esto podría poner en peligro los esfuerzos de Naciones Unidas, a través de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad, para lograr una paz duradera y el respeto de los derechos humanos.

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