Georgia se ha visto sacudida por cuatro noches consecutivas de protestas después de que el Gobierno decidiera suspender las conversaciones de adhesión a la UE hasta 2028.
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La idea de imponer sanciones a funcionarios georgianos vuelve a estar sobre la mesa en Bruselas después de que la represión de manifestantes proeuropeos provocara una nueva oleada de condenas. Estonia, Letonia y Lituania anunciaron que introducirían restricciones unilateralmente.
"Los tres Estados bálticos acordaron conjuntamente imponer sanciones nacionales contra quienes reprimieron las protestas legítimas en Georgia", declararon el domingo los ministros de Asuntos Exteriores de los países. "Los opositores a la democracia y los violadores de los derechos humanos no son bienvenidos en nuestros países".
La lista negra común, publicada el lunes, incluye a 11 individuos georgianos, como el ministro del Interior y varios de sus adjuntos, que recibirán una bofetada de prohibición de entrada. Bidzina Ivanishvili, el hermético oligarca que controla férreamente el partido gobernante Sueño Georgiano y es partidario de estrechar lazos con Rusia, también figura en la lista negra.
La medida báltica aumentó inmediatamente la presión sobre la UE para que siguiera su ejemplo y aplicara sanciones coordinadas a los funcionarios en ejercicio, algo a lo que Bruselas se ha resistido hasta ahora. Kaja Kallas, recién nombrada alta representante para Asuntos Exteriores, declaró que la represión de las protestas tendría "consecuencias directas por parte (de la UE)", sin dar más detalles.
¿Cuáles son los próximos pasos anunciados por la UE?
Un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), el brazo diplomático del bloque, dijo que los "próximos pasos" se discutirían cuando los ministros de Asuntos Exteriores se reúnan el 16 de diciembre. Una reunión de embajadores el jueves podría dar más pistas.
En reacción a la medida báltica, diplomáticos de otros países señalaron su disposición a replicarla a nivel de la UE, pero admitieron que sus respectivos gobiernos aún no tenían una posición definitiva sobre el delicado asunto. Varios diplomáticos que hablaron con 'Euronews' advirtieron de que la situación seguía "evolucionando" sobre el terreno.
Aunque Bruselas propusiera sanciones, no está nada garantizado que se alcanzara la unanimidad necesaria. Hungría, en particular, podría ser un obstáculo. Poco después de las disputadas elecciones de octubre, el primer ministro Viktor Orbán voló a Tiflis e instó a su homólogo, Irakli Kobakhidze, a desentenderse de las críticas internacionales.
"Me gustaría felicitarle por el hecho de que, en el contexto de su deseo de integración europea, no haya permitido que su país se convierta en una segunda Ucrania", dijo Orbán a Kobakhidze. Más tarde, un grupo de 13 países de la UE, entre ellos Alemania y Francia, denunciaron la visita de Orbán por ser "prematura" y carecer de mandato para hablar en nombre del bloque.
Nuevas protestas sacuden Georgia
Georgia se ha visto sacudida por cuatro noches consecutivas de protestas, con miles de personas reunidas frente al Parlamento de Tiflis, ondeando banderas georgianas y de la UE. La Policía ha respondido con cañones de agua, gases lacrimógenos y gas pimienta para dispersar a la multitud, lo que ha provocado enfrentamientos caóticos y la hospitalización de al menos 44 personas.
Según el Ministerio del Interior, 224 personas han sido detenidas desde el inicio de las protestas, que continuarán el lunes por la noche. "Cualquier acción ilegal será seguida de una respuesta legal adecuada por parte de la Policía", declaró el Ministerio.
La Coalición por el Cambio, plataforma política pro-UE, declaró que uno de sus líderes, Zurab Japaridze, había sido detenido en un "distrito residencial" tras participar en las manifestaciones.
Las protestas comenzaron la semana pasada, cuando Kobakhidze anunció que su Gobierno suspendería las negociaciones de adhesión con Bruselas hasta finales de 2028 y se negaría a recibir fondos de la UE. "Es categóricamente inaceptable que consideremos la integración en la Unión Europea como un favor que la Unión Europea debe concedernos", declaró.
La decisión de Kobakhidze no tuvo una repercusión inmediata porque los líderes de la UE habían congelado previamente el proceso de adhesión por la aprobación de dos polémicas leyes contra las ONG y los derechos del colectivo LGBTQ+ que suscitaron comparaciones con el Kremlin. La Comisión Europea considera las leyes incompatibles con los valores del bloque y ha dejado de proporcionar fondos directamente a las autoridades, enviándolos sólo a la sociedad civil.
Sin embargo, muchos en Georgia consideraron las palabras del primer ministro una afrenta a la Constitución del país, que obliga a los organismos estatales a "tomar todas las medidas en el ámbito de sus competencias para garantizar la plena integración de Georgia en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte".
La presidenta Salome Zourabichvili, firme defensora de la UE cuyo mandato está a punto de terminar, criticó al Gobierno por "dar la espalda" a la UE y por "su acercamiento a Rusia".
¿Hubo fraude en las elecciones georgianas?
La suspensión se produjo el mismo día en que el Parlamento Europeo aprobó una resolución muy crítica en la que pedía la repetición de las elecciones generales de octubre, que se vieron empañadas por denuncias de intimidación, coacción y compra de votos. El partido de Kobakhidze, Sueño Georgiano, obtuvo la mayoría de los escaños con casi el 54% de los votos.
El Parlamento Europeo también exigió sanciones para los funcionarios y dirigentes políticos "responsables del retroceso democrático, las violaciones de las leyes y normas electorales, los abusos administrativos y el uso indebido de las instituciones del Estado". En la lista propuesta por los eurodiputados figuran el propio Kobakhidze, el alcalde de Tiflis, el portavoz del Parlamento, el presidente de Sueño Georgiano y Bidzina Ivanishvili.
Hasta ahora, Bruselas ha evitado la vía de las sanciones, con la esperanza de que el Gobierno diera marcha atrás en algún momento y reanudara su compromiso. También se ha planteado la posibilidad de suspender un acuerdo de liberalización de visados entre la UE y Georgia, pero nunca se ha avanzado por su posible impacto en la población de a pie, incluidos los partidarios de la integración europea. Los últimos acontecimientos podrían hacer que el bloque reconsiderara ambas opciones.