Está previsto que el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania tenga su sede en La Haya (Países Bajos).
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El Tribunal Especial que los países occidentales pretenden crear para juzgar el crimen de agresión contra Ucrania no juzgará a Vladímir Putin en rebeldía mientras siga siendo presidente de la Federación Rusa. La misma disposición se aplicará al primer ministro ruso, Mijail Mishustin, y al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, según han asegurado a 'Euronews' dos funcionarios europeos con conocimiento del proceso.
El procesamiento de estos altos cargos sólo se permitirá si los acusados están físicamente presentes en la sala, algo poco probable dado que Rusia no reconoce como criminal la invasión de Ucrania y se opone firmemente a cooperar con Occidente. Como alternativa, podría celebrarse un juicio en rebeldía después de que Putin abandone el cargo.
Las condiciones se establecen en el proyecto de acuerdo que proporcionaría la base jurídica para crear el Tribunal Especial en el marco del Consejo de Europa, organización de derechos humanos con sede en Estrasburgo. La organización no forma parte de la Unión Europea, pero el bloque está estrechamente implicado en el proceso.
Los trabajos técnicos concluyeron a finales de marzo durante una reunión del llamado 'Grupo Central' en Estrasburgo, que elaboró tres borradores de documentos distintos: un acuerdo bilateral entre Ucrania y el Consejo de Europa, el estatuto del tribunal especial y el acuerdo que detalla la gestión del Tribunal Especial. Está previsto que la firma tenga lugar en Kiev el 9 de mayo, coincidiendo con el Día de Europa, aunque el calendario exacto dependerá del respaldo político.
Las limitaciones al juicio en rebeldía se consideran un "compromiso" entre países, indicó un funcionario de la UE. Tras meses de deliberaciones, la disposición es ya un "acuerdo cerrado", sin prácticamente ninguna posibilidad de ser modificada antes de la presentación. "Al fin y al cabo, se trata de política y regateo", dijo el funcionario.
Rusia fue expulsada del Consejo de Europa tras su invasión de Ucrania
Una vez que Kiev firme el acuerdo, el texto se someterá a votación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que reúne a representantes de las 46 naciones que forman parte de la organización. Rusia fue expulsada poco después de lanzar la guerra.
Se necesitará una mayoría de dos tercios para ratificar el acuerdo, y está prácticamente garantizado gracias al amplio apoyo de los Estados miembros a la iniciativa. Algunos países que han adoptado posturas favorables a Rusia, como Hungría y Serbia, podrían abstenerse o votar en contra, aunque no se aplicarán vetos individuales. Se espera que países democráticos de fuera del continente, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón, se sumen a la iniciativa, ampliando su legitimidad.
Es poco probable que participe Estados Unidos, que ha iniciado un acercamiento a Rusia. Bajo la Administración de Joe Biden, el país había respaldado la búsqueda de justicia en Ucrania pero, tras la toma de posesión de Donald Trump, la orientación cambió. Estados Unidos no participó en la reunión del 'Grupo Central' a finales de marzo.
No está claro cómo el impulso de Trump a un acuerdo de paz podría afectar a los procedimientos judiciales. "Más de 38 Estados han expresado su apoyo político a la creación del tribunal, así como la Unión Europea", declaró a 'Euronews' un portavoz del Consejo de Europa.
Una vez ratificados los acuerdos, se espera que el tribunal tenga su sede en La Haya, dijeron los funcionarios, una ciudad con una larga tradición en derecho internacional que ya alberga la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI). La CPI ha emitido por separado una orden de detención contra Putin y uno de sus adjuntos por el traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.
Búsqueda de justicia
La idea de crear un tribunal para el crimen de agresión ha sido defendida por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para garantizar la rendición de cuentas por la invasión a gran escala lanzada por Putin hace más de tres años. A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, que se aplican a los individuos que cometen las atrocidades, el crimen de agresión es un crimen de liderazgo que se dirige contra la persona encargada en última instancia de controlar el Estado agresor.
La agresión puede consistir en una invasión, una ocupación, una anexión, un bloqueo de puertos o cualquier otra agresión que implique el uso de armas por parte de un Estado contra otro. Según la CPI, el crimen de agresión se refiere a "la planificación, preparación, iniciación o realización, por una persona que esté en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, de un acto de agresión que, por sus características, gravedad y escala, constituya una violación manifiesta" de la Carta de la ONU.
Esto convierte a Putin en el acusado más probable en un futuro juicio. Aunque la CPI estableció la competencia sobre los crímenes de agresión en virtud de las llamadas Enmiendas de Kampala, ésta sólo se aplica a los países y nacionales de países que son parte en el Estatuto de Roma. Rusia, al igual que Estados Unidos y China, no lo ha firmado.
Por ello, los aliados occidentales han explorado la opción de crear un tribunal que estaría facultado para enjuiciar el caso concreto de la guerra de Rusia contra Ucrania. "Sin el crimen de agresión, tampoco habría crímenes de guerra", dijo la alta representante de la UE, Kaja Kallas, a principios de febrero.
"Por lo tanto, es extremadamente importante que también haya rendición de cuentas por el crimen de agresión. Nadie de Rusia y nadie de la cúpula rusa es intocable", dijo. "También es muy importante enviar la señal de que los crímenes impunes sólo fomentan nuevas agresiones", añadió, subrayando que el tribunal debe crearse "antes de que acabe la guerra".
Desde el inicio de las discusiones, la posibilidad de un juicio en rebeldía ha planeado con fuerza. Debido a la negativa del Kremlin a entregar a sus altos cargos, los partidarios de este modelo creen que sería la única forma viable de proporcionar un mínimo de justicia. Los críticos, sin embargo, sostienen que un juicio en rebeldía sería visto como una farsa ilegítima.
"Creo que este tribunal tiene una importancia más que simbólica. Creo que es jurídico, creo que es político. Creo que es importante que se establezca y cierre la laguna del crimen de agresión", dijo el funcionario de la UE. "Personalmente estoy convencido de que no va a ser una institución falsa en La Haya sin ninguna repercusión, sino que realmente va a servir durante años, y la historia juzgará muy positivamente a este tribunal".
La inmunidad de que gozan jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Asuntos Exteriores se considera un obstáculo adicional, y formidable, para el enjuiciamiento en persona. "Sin embargo, el derecho internacional evoluciona, y la inmunidad personal no es una carta blanca para la impunidad", declaró el portavoz del Consejo de Europa.
"El Consejo de Europa cree que la fórmula encontrada para el Tribunal Especial sobre esta cuestión bastará para garantizar la rendición de cuentas y luchar contra la impunidad". La última vez que se juzgó el crimen de agresión fue durante los juicios de Nuremberg celebrados tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la acusación se conocía como "crímenes contra la paz".