Turquía, Francia, Italia figuran entre los sistemas más tensionados mientras Portugal entra de nuevo en situación de sobreocupación.
El informe más reciente del Consejo de Europa sobre las condiciones generales de las prisiones, hecho público el martes, alerta de un problema persistente de hacinamiento, con varios países en situación crítica y otros cerca del límite de capacidad.
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Basado en datos facilitados por los servicios penitenciarios de los 46 Estados miembros del organismo con sede en Estrasburgo, el documento confirma la tendencia al aumento de las poblaciones reclusas, ya apuntada en el último balance de Eurostat (+2%), también difundido hace pocos días.
Entre el 31 de enero de 2024 y el 31 de enero de 2025, el número de reclusos por cada 100 plazas disponibles pasó de 94,7 a 95,2, pese a las discrepancias regionales. En el balance anterior eran seis los países que declaraban un grave hacinamiento, ahora son nueve. Turquía y Francia figuran entre los que tienen las cárceles más congestionadas, con 131 presos por cada 100 plazas. Les siguen Croacia (123), Italia (121), Malta (118), Chipre (117), Hungría (115), Bélgica (114) e Irlanda (112).
Por encima de los límites fijados hay otros cinco países que afrontan lo que se califica como hacinamiento moderado: Finlandia (110), Grecia (108), Reino Unido en su parte escocesa (106), Macedonia del Norte (104) y Suecia (103).
En cuanto al sistema penitenciario de Portugal, se sitúa muy cerca de su capacidad máxima (99), en mejor posición que Rumanía (100), aunque con un índice de ocupación más elevado que Azerbaiyán (98), Inglaterra y Gales, en el Reino Unido (96), Serbia (96), Chequia (95), Países Bajos (95), Dinamarca (95) y Suiza (95). El Consejo de Europa subraya que una ocupación del 90% ya se considera un indicador de alto riesgo y de presión operativa.
Conviene señalar que la información más reciente facilitada por la Dirección General de Reinserción y Servicios Penitenciarios (DGRSP) indica que Portugal terminó 2025 con una tasa de ocupación del 103,4% y volvió a una situación de hacinamiento por primera vez en seis años, tras las excarcelaciones extraordinarias durante la pandemia de COVID-19 que habían provocado una caída temporal de la población reclusa.
En total, a 31 de enero de 2025, 1.107.921 personas estaban detenidas en los 46 Estados miembros del Consejo de Europa, lo que supone un aumento del 8,5% respecto al año anterior. Es una tasa media de encarcelamiento de 110 reclusos por cada 100.000 habitantes.
La proporción de mujeres en los establecimientos penitenciarios subió del 4,8% al 5,2%, con Hungría (8,8%), Chequia (8,6%), Malta (8%) y Suecia (7,9%) registrando los mayores incrementos entre los países con más de 500.000 habitantes. Los porcentajes más bajos se encuentran en Albania (1,6%), Armenia (2,6%), Montenegro (2,8%) y Azerbaiyán (3,1%).
Las tasas de encarcelamiento siguen siendo más elevadas en la Europa del Este, en particular en Turquía (458 reclusos por cada 100.000 habitantes), Azerbaiyán (271), Moldavia (245) y Georgia (232), mientras que Hungría (206), Polonia (189), Chequia (178) y Eslovaquia (151) figuran entre los países de la Unión Europea (UE) que más encarcelan.
El informe revela igualmente una mayor presencia de ciudadanos extranjeros en los sistemas penitenciarios (el 17% de los presos son ciudadanos no nacionales), así como un crecimiento del número de reclusos mayores de 65 años, aunque los especialistas del Consejo de Europa señalan que, en términos generales, la proporción en este segmento sigue siendo "modesta".
Portugal, junto con Italia, registra la edad media más elevada (42 años), por delante de Montenegro, Estonia y Serbia (41), mientras que Moldavia (30), Suecia (34), Francia, Chipre y Dinamarca (35) cuentan con las poblaciones reclusas más jóvenes.
Condenas largas y prisión preventiva
En febrero de este año, en una entrevista a la agencia Lusa, el director general de Reinserción y Servicios Penitenciarios, Orlando Carvalho, informó de que ese mes había 13.302 reclusos en las 49 prisiones del país. Entre enero de 2025 y febrero de 2026 ingresaron en los establecimientos penitenciarios 850 reclusos.
Uno de los factores que contribuyen de forma más directa a este hacinamiento es la duración media de las penas de prisión en Portugal, la más larga del continente, señala el informe internacional: 31,4 meses frente a una media de 9,7 meses en Europa.
A 31 de enero de 2025, de los 9.645 reclusos ya condenados, 3.741 cumplían penas de entre cinco y diez años de prisión, 1.423 estaban encarcelados por condenas de entre diez y 20 años y otros 1.423 por sentencias superiores a 20 años.
"Si nuestras normas se aplicaran como en el resto de Europa, no tendríamos más de 6.500 presos", afirma Vítor Ilharco, secretario general de la Asociación Portuguesa de Apoyo al Recluso (APAR), en una entrevista a Euronews, al criticar el régimen de flexibilización de las penas.
"Nadie concede una salida temporal antes de la mitad de la condena", señala.
Vítor Ilharco menciona el recurso a la prisión preventiva en lugar de medidas no privativas de libertad como otra práctica que ejerce presión sobre el sistema penitenciario. "La solución es sencilla, primero se detiene y luego se investiga", prosigue.
En el documento con las estadísticas penales, el Consejo de Europa señala que, en Portugal, el tiempo medio de detención para reclusos posteriormente condenados es de 57 días, es decir, más del doble de la media europea, situada en 21 días.
"Es más popular y es lo que quieren los partidos de extrema derecha", lamenta. En el Informe Anual de Seguridad Interna (RASI), publicado en marzo, se recoge que, a finales de 2025, había más de 3.000 personas en prisión preventiva de un total de 13.136 reclusos.
Para el secretario general de la APAR, la cultura penal restrictiva en Portugal se aprecia también en la falta de atención al perfil de los infractores. "La APAR ya ha propuesto que quien sea sorprendido conduciendo sin carné de conducir no vaya a prisión".
Para estos casos, la consecuencia más equilibrada, defiende, sería el trabajo comunitario, que podría incluir, por ejemplo, la limpieza de calles, playas, montes o coches de bomberos y policías, periodo durante el cual el infractor obtendría el carné.
"Una persona así va a pasar uno o dos años en prisión por conducir sin carné. Se destroza a la familia porque, por lo general, es el cabeza de familia quien deja de cobrar el sueldo. Y luego sale otra vez sin carné de conducir", argumenta.
"Sacaríamos de la cárcel a unos 2.000 presos", añade.
Para ciertos delitos de mayor gravedad, como los homicidios, el Código Penal solo contempla la prisión, pero hay otros, menos frecuentes, que pueden castigarse con una multa económica. El problema, subraya Vítor Ilharco, es que muchos de los responsables de delitos de menor gravedad no tienen capacidad para pagarla y se ven obligados a ingresar en prisión.
"Ahí tenemos otras 1.000 personas que permanecen en prisión durante tres o cuatro meses", recalca, antes de llamar la atención sobre el hecho de que el país tiene a un preso de 80 años, amputado de las dos piernas.
"Podrían suspenderle la pena. Esta gente solo está en prisión en Portugal. En España ya no seguirían encarcelados", destaca.
La cárcel de Lisboa no serviría ni para perrera, alerta APAR
Vítor Ilharco señala deficiencias en la forma en que está estructurado el sistema penitenciario en Portugal, que reúne en un mismo organismo las funciones de castigo y de rehabilitación.
Sostiene que esta estructura tiene un impacto negativo en el funcionamiento de las penitenciarías: el 85% de los fondos se destina al pago de salarios y solo queda el 15% para la reinserción y para todos los gastos corrientes, incluida la alimentación de los detenidos, que, según el secretario general de la APAR, pasan "hambre".
Además, el responsable de la asociación que representa a los reclusos denuncia un intento de hacer negocio con los economatos de las prisiones. La ley vigente prohíbe que los familiares envíen comida.
"En los economatos de las cárceles los precios son usureros. Todo cuesta el doble o el triple", afirma, y recuerda un artículo publicado en la revista de la Asociación de Jueces Portugueses, en el que se informaba de que los economatos de las cárceles nacionales obtuvieron un beneficio de 680.000€ en 2013.
Las restricciones presupuestarias ayudan igualmente a explicar las malas condiciones materiales e higiénicas de las cárceles portuguesas. El Establecimiento Penitenciario de Lisboa es uno de los que más quejas ha suscitado, según relató en un artículo del Diário de Notícias un preso preventivo de esta prisión. A la degradación de las celdas se suma la falta de espacio y de privacidad.
Estos problemas son confirmados por el secretario general de la APAR. "Debido al hacinamiento, ahora han puesto a dos reclusos en cada celda individual. Como pasan encerrados 20 horas al día, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas uno delante del otro porque no hay separación", explica.
En el informe del Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), de la Provedoria de Justiça, relativo a 2024, se enumeran más de 50 casos admitidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) debido a "condiciones de detención degradantes" en las cárceles del país que, desde 2019, han llevado al Estado portugués a indemnizar a reclusos por un importe total superior a 1,5 millones de euros.
Portugal podría tener que desembolsar unos miles de euros más, ya que siguen pendientes en el TEDH más de 850 quejas por los mismos motivos.
"Ningún país civilizado de Europa permitiría que el Establecimiento Penitenciario de Lisboa sirviera ni para una perrera. Si fuera una perrera, la Asamblea de la República ya habría ordenado su cierre", subraya Vítor Ilharco.
"No hay un solo preso sano"
Sobre el envejecimiento de la población reclusa, el Consejo de Europa advierte de que, en el futuro, será necesario tener en cuenta "necesidades a menudo complejas" relacionadas con "atención sanitaria, enfermedades crónicas, deterioro cognitivo y movilidad reducida".
No obstante, Vítor Ilharco deja claro que los peligros asociados a la falta de infraestructuras y equipamientos adecuados no afectan solo a las personas de más edad.
"No hay un solo preso sano. Ya ni hablo de las condenas largas. Ni siquiera es concebible que una persona viva seis meses en esas condiciones con comidas de 80 céntimos", alerta. A ello se suma "el acceso a todo tipo de drogas".
"Toda la estructura de la cárcel está pensada para provocar la inercia de los reclusos", resalta.
En una emergencia médica, afirma el representante de la APAR, la asistencia inmediata quedaría comprometida.
"Hay un 90% de probabilidades de que no lleven a los presos al hospital porque los funcionarios están siempre en huelga. Hay más de 1.500 funcionarios de baja", recuerda.
En las prisiones grandes hay enfermeros durante la noche, pero en Alcoentre, por ejemplo, 700 presos llevan cuatro meses sin médicos, denuncia.