La legislación, recientemente firmada por el presidente Volodímir Zelenski, provoca la supervisión directa del fiscal general -elegido directamente por el presidente- tanto de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) como de la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Los críticos argumentan que esto podría socavar la autonomía de las agencias.
Las protestas, que comenzaron el pasado martes, representan la mayor disidencia pública desde que comenzó la invasión de Rusia y se producen en medio de una creciente preocupación por la posición de Ucrania con sus socios internacionales. Zelenski se ha comprometido a proponer nuevas leyes en las próximas semanas para restaurar la confianza pública.
