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La ONU llegará a Chile para investigar denuncias de violación de los derechos humanos

Un hombre muestra un cartucho de bala mientras las protestas continuaban en todo el país, en Concepción, Chile, el 24 de octubre de 2019.
Un hombre muestra un cartucho de bala mientras las protestas continuaban en todo el país, en Concepción, Chile, el 24 de octubre de 2019. -
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Reuters /Juan Gonzalez
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Evacuado el Congreso Nacional de Chile, en la ciudad de Valparaíso, por las violentas protestas que se registraban en el exterior. Las sesiones del viernes quedaron suspendidas en una nueva jornada de manifestaciones marcada por la huelga de camioneros. Centenares de chóferes se echaron a las calles para exigir que se congelen los peajes de las autopistas... Durante horas, bloquearon una carretera principal de las afueras de la capital.

La huelga de los camioneros aumenta la presión sobre el presiedente de Chile, Sebastián Piñera, que hace frente a un estallido social que se ha saldado con la muerte de 19 personas en una semana. En el país impera el estado de emergencia y por séptima noche se ha decretado el toque de queda en varias ciudades.

A medida que pasan los días aumenta la cantidad de personas que se manifiestan en las calles de Chile y disminuyen la sucesos violentos, cuya contención ha puesto al país bajo la sombra de la represión por presuntas violaciones de derechos humanos, que serán examinadas por observadores de la ONU.

La participación en las masivas marchas y concentraciones ciudadanas congrega ya a más de 400.000 personas, según cifras del Ministerio del Interior, y el comportamiento pacífico y festivo es la tónica general.

La expresión cívica de la ciudadanía se ha impuesto en las últimas jornadas a la violencia con la que se inició el pasado viernes 8 de octubre este estallido social, que ya se ha cobrado la vida de al menos 18 personas y ha dejado casi 600 heridos y más de 2.800 detenidos.

Los incendios, disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden que monopolizaron el pasado fin de semana han quedado de momento en segundo plano, mientras que se atiende con preocupación las denuncias que surgen de presuntos abusos de derechos humanos por parte de militares y carabineros.

Reuters / Henry Romero
Agente de las fuerzas de seguridad detiene a un manifestante durante una protesta contra el modelo económico estatal de Chile en Santiago de Chile el 24 de octubre de 2019.Reuters / Henry Romero

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile ha presentado hasta la fecha 67 acciones judiciales, entre ellas 5 querellas por homicidio y 12 por violencia sexual presuntamente cometidos por militares o fuerzas del orden desde que el pasado viernes comenzará el estallido social en Chile.

En un país que hace 30 años salió de una dictadura militar y que aún clama justicia por los detenidos y desaparecidos de ese periodo (1973-1990), la sensibilidad ciudadana por el actuar de los uniformado es muy alta y el Gabinete que preside Sebastián Piñera no quiere que le persiga el fantasma de la represión, propia en aquel entonces.

Ante la sucesión de denuncias y de videos que se comparten por redes sociales mostrando presuntos apremios ilegítimos, el Gobierno no ha querido dejar duda de su compromiso con el respeto a los derechos humanos y ha invitado a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, a enviar una misión de observadores.

Les puedo dar las certezas totales y absolutas de la preocupación más amplia del Gobierno por el respeto de los derechos humanos
Teodoro Ribera
Ministro de Asuntos Exteriores de Chile

En respuesta, Bachelet anunció el envío de esa misión de verificación para investigar las posibles violaciones a las libertades fundamentales durante las masivas protestas que se están dando en el país desde el pasado viernes para reclamar cambios estructurales en el sistema de pensiones, la salud o la educación en pos de una sociedad más equitativa.

El violento estallido de este fenómeno en Santiago motivó la declaración del estado de emergencia para confiar la seguridad a los militares, algo inédito en el país desde que recuperó la democracia.

Este estado de excepción constitucional se fue extendiendo por buena parte de las 16 regiones del país y fue seguido de toques de queda que restringen las libertades de locomoción y reunión.

Piñera pone en marcha su agenda social

El presidente de Chile firmó este jueves un proyecto de ley para anular la última subida del precio de la luz, de un 9,2 % de promedio, y mantener sin variación la tarifa hasta diciembre de 2020, como parte de las medidas que anunció hace dos días para tratar de aplacar el descontento social.

Este viernes, Piñera firmará otra de las medidas anunciadas, un proyecto de ley para aumentar el aporte que el Estado hace al sistema de pensiones, que en Chile es de capitalización individual y está administrado por empresas privadas.

El mandatario comentó también que trabaja en un "plan de normalización" de la vida del país para poder terminar con los toques de queda y poder también levantar los estados de emergencia.

En ese sentido, este viernes se habilitarán dos líneas más del metro de Santiago, por lo que ya serán un total de cinco las que funcionen, después de que tuviera que cerrarse toda la red el pasado viernes por la quema y estado de siniestro en la que quedaron algunas de ellas por los actos vandálicos.

La actividad del comercio es cada día más regular hasta las primeras horas de la tarde, aunque hay casi 400 locales totalmente cerrados por problemas y casi 700 con daños en sus infraestructuras, también por haber sido objeto de los disturbios.

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