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Política de la UE. La protección de la calidad del agua podría estar en riesgo en Europa

Campos de tulipanes junto a aguas superficiales en los Países Bajos
Campos de tulipanes junto a aguas superficiales en los Países Bajos Derechos de autor Peter Dejong/AP
Derechos de autor Peter Dejong/AP
Por Robert Hodgson
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Los defensores del medio ambiente han dado la voz de alarma ante un posible debilitamiento de las normas de la UE sobre calidad del agua a medida que se acerca la fecha límite de 2027 para cumplir unos estrictos límites de contaminación.

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Ahora que la mayoría de los países de la Unión Europea (UE)no van a cumplir el plazo legal para recuperar la salubridad de sus ríos y lagosantes de 2027, los grupos ecologistastemen que algunos aprovechen la actualización de la lista de vigilancia de contaminantes para debilitar la normativa central del bloque sobre calidad del agua.

La Comisión Europeapropusoen octubre de 2022 una actualización de la lista de contaminantes que los Estados miembros deben mantener dentro de límites estrictos en todas las aguas superficiales y subterráneas, para reflejar la creciente preocupación por sustancias químicas nocivas como los PFAS, el omnipresente herbicida glifosato y los productos farmacéuticos.

Sin embargo, en un documento fechado el 27 de mayo y consultado por 'Euronews', Bélgica, que ocupa la actual presidencia del Consejo de la UE, se muestra de acuerdo con una sugerencia anterior de España de mover el plazo de cumplimiento de las nuevas sustancias a 2039, y propone flexibilizar las normas en otros ámbitos, como el requisito de evitar el "deterioro del estado de una masa de agua".

Los niveles de todas las sustancias incluidas en la lista deben mantenerse dentro de unos límites específicos para que una masa de agua pueda optar a un "buen" estado ecológico, el mínimo que los Gobiernos deben alcanzar en todo su territorio para 2027 según la Directiva Marco del Agua (DMA). Pero todo indica que la UE no está ni mucho menos cerca de cumplir este objetivo, fijado en 2020.

La propuesta de compromiso, que los diplomáticos nacionales tienen previsto debatir en una reunión el 12 de junio, parece estar influida por una declaración conjunta distribuida entre las delegaciones a principios de año por los Países Bajos, con el apoyo de Dinamarca, Finlandia, Alemania y Luxemburgo.

Los países subrayan su acuerdo con "la ambición general de la DMA", pero argumentan que la norma sobre el no deterioro no está claramente definida en la legislación y, en consecuencia, su aplicación tiene que seguir las sentencias de los tribunales que han declarado ilegales incluso los impactos adversos temporales sobre la calidad del agua.

En un caso presentado por el grupo ecologista France Nature Environnement contra los planes de gestión del agua de los Gobiernos nacionales, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2022 que el cumplimiento de la Directiva debe "tener en cuenta los impactos temporales, a corto plazo y sin consecuencias duraderas, a menos que sea evidente que dichos impactos tienen, por su naturaleza, escasa incidencia en el estado de las masas de agua afectadas".

Bélgica parece haber recogido las preocupaciones de los cinco países, proponiendo que un cambio en el estado de calidad ecológica ('EQS', por sus siglas en inglés) de "alto" a "bueno" no cuente como deterioro, al tiempo que señala que una aplicación estricta de la definición del tribunal podría aumentar la burocracia e incluso "obstaculizar" las labores de restauración en las que "los contaminantes se reubican dentro de las masas de agua o entre ellas sin causar por ello un aumento global de la contaminación".

Los grupos ecologistas se mostraron alarmados por la aparente orientación del Consejo de la UE. "Al debilitar las normas de la UE que protegen nuestras aguas, los Estados miembros se están dando más libertad para contaminar y degradar la calidad del agua, lo que perjudicará a nuestras aguas potables y de baño, así como a la naturaleza", declaró Claire Baffert, de la oficina de política de la UE de WWF en Bruselas.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de los Países Bajos informó el año pasado de que se habían detectado altos niveles de PFAS -denominados 'productos químicos para siempre' o 'forever chemicals' porque no se descomponen en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos vivos, en la espuma del mar a lo largo de la costa. En Bélgica también se hicieron hallazgos similares. Los organismos reguladores de la UE están estudiando una propuesta para prohibir estas sustancias en todo el bloque.

Sara Johansson, especialista en política de aguas de la Oficina Europea de Medio Ambiente, afirmó que esta contaminación agrava la escasez de agua potable y provoca la pérdida de biodiversidad: "Esta contaminación, que expone a las personas a sustancias químicas nocivas, es tan grave que incluso situaciones como niños jugando en la playa o gente comiendo pescado están llegando a suponer un verdadero peligro para la salud".

"Esta crisis debe abordarse con urgencia, pero los Estados miembros quieren ganar tiempo aplazando las medidas necesarias hasta las próximas décadas, lo que nos costará muy caro a nosotros, a nuestra salud y al medio ambiente", dijo Johansson a 'Euronews', explicando que los cambios legales introducidos por Bélgica van más allá de la propuesta original de la Comisión. Una revisión de la Directiva Marco del Agua completada en 2019 concluyó que la ley era adecuada para su propósito, siendo el principal problema su deficiente aplicación.

La Agencia Europea de Medio Ambiente, un organismo de la UE, advirtió en 2018 que poco más de un tercio de las aguas superficiales y subterráneas de la UE cumplían los requisitos mínimos de "buen" estado ecológico y químico. Se esperaba un informe de seguimiento este mes, pero la agencia de la UE dijo a 'Euronews' que la fecha de publicación era incierta en parte porque la Comisión Europea aún debe completar una revisión de los nuevos "planes de gestión de cuencas hidrográficas" que los Gobiernos deben presentar en virtud de la directiva.

El Parlamento Europeo, que adoptó su posición sobre la revisión de la directiva el pasado mes de septiembre, quiere reforzar los derechos de los ciudadanos a impugnar las decisiones de los Gobiernos, incluidas las que puedan suponer un deterioro de la calidad del agua. Las negociaciones finales sobre la nueva lista de vigilancia solo podrán comenzar una vez que el Consejo de la UE ultime su posición.

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