La Comisión Europea ha propuesto de forma controvertida permitir las compensaciones internacionales de carbono para ayudar a cumplir los objetivos climáticos de la UE para 2040, lo que suscita dudas sobre la externalización de las acciones de reducción de emisiones.
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La Comisión Europea propuso formalmente el miércoles, en una enmienda a su Ley del Clima, un objetivo de reducción del 90% de las emisiones de carbono para 2040, como vía para alcanzar las emisiones cero en 2050.
El objetivo de reducción del 90% de las emisiones permite el controvertido uso de créditos internacionales de carbono para alcanzar el objetivo, un mecanismo que permite a los países o empresas comprar créditos de reducción de emisiones de proyectos fuera de la UE.
Los detractores critican el sistema de créditos como una licencia para contaminar
Aunque en teoría estos créditos pueden representar una auténtica acción por el clima, sus detractores sostienen que a menudo actúan como una licencia para contaminar, permitiendo a los países más ricos eludir la realización de cambios internos.
La Comisión ha abierto la puerta a la externalización de una parte del esfuerzo europeo por el clima al permitir que la captura o eliminación de carbono se realice fuera de las fronteras de la UE.
"Estamos ampliando el espacio de soluciones", declaró el comisario de Clima, Wopke Hoekstra. "Parte del trabajo, parte de la reducción de emisiones, puede hacerse fuera de la Unión Europea". El comisario neerlandés señaló que la gran mayoría de las reducciones, incluida la captura de carbono, seguirán teniendo lugar dentro de Europa.
Preocupaciones y límites
Aunque la ley original del clima estipulaba que tanto los objetivos de 2030 como los de 2050 debían alcanzarse mediante esfuerzos nacionales, la Comisión sugiere ahora que una parte limitada de los créditos internacionales podría contar para el objetivo de 2040.
El propio Consejo Asesor Científico de la Comisión ya ha expresado su escepticismo sobre el uso de compensaciones internacionales, sin oponerse totalmente a ellas, pero advirtiendo de que deben complementar, no sustituir, la acción nacional.
Para disipar estas dudas, la Comisión propone limitar los créditos internacionales al 3% del objetivo de 2040. Esta cifra se basa en el artículo 6 del Acuerdo de París, una cláusula en gran medida formulada por la UE, y coincide con la postura de Alemania al respecto. Un alto funcionario de la Comisión describió el tope como una forma de equilibrar las prioridades de inversión europeas con la cooperación climática mundial.
Una señal correcta
"Creemos que es importante no optar a una proporción muy elevada de estos créditos", declaró el funcionario. "Esto envía la señal correcta tanto a los actores europeos como a los socios internacionales: estamos abiertos a utilizar estos créditos, pero sólo si están bien ejecutados y mantienen una alta integridad".
Además, estos créditos sólo se permitirán durante la segunda mitad de la próxima década (2036-2040), lo que dará tiempo a crear asociaciones más sólidas y garantizar la disponibilidad de créditos de alta calidad.
El funcionario de la Comisión también especificó que cualquier crédito internacional debe alinearse con el Acuerdo de París, demostrar la eficacia medioambiental y estar respaldado por rigurosos sistemas de seguimiento, notificación y verificación, similares al propio régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
Más flexibilidades nacionales
Además de las compensaciones, la enmienda introduce más flexibilidades sectoriales y nacionales para ayudar a alcanzar el objetivo de 2040 de forma rentable y socialmente justa.
Esto incluye la incorporación de las absorciones permanentes de carbono al Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE) y la autorización de compensaciones intersectoriales.
Por ejemplo, si un país supera las reducciones de emisiones en los sectores del transporte o los residuos, podría utilizar ese exceso para compensar los resultados insuficientes en el sector del uso de la tierra.
Aunque estas flexibilidades ya existen en el marco actual de Fit for 55, el nuevo planteamiento pretende ampliarlas. La vicepresidenta ejecutiva, Teresa Ribera, explicó que a menudo oye hablar de Estados miembros que obtienen buenos resultados en general, especialmente en sectores como la vivienda o los transportes, pero tienen dificultades en otros como la aviación.
"¿No deberíamos, sin bajar el listón, permitirles superar sus logros en algunas áreas siendo más flexibles en otras?". Según Ribera, estos cambios reflejan una evolución pragmática de la estrategia climática de la UE, cuyo objetivo es mantener la ambición al tiempo que se tienen en cuenta las diversas circunstancias nacionales.