La suma combina unos 8.400 millones de euros en fondos de cohesión y 9.500 millones de euros en fondos de recuperación COVID-19. Budapest prohibió recientemente la marcha del Orgullo, provocando la llegada de miles de activistas europeos a la capital para celebrarla pese a las restricciones.
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Hungría no está ni mucho menos cerca de desbloquear los 18.000 millones de euros de los fondos de cohesión y recuperación que Bruselas mantiene congelados debido a la persistente preocupación por el retroceso democrático, según la nueva edición del Informe sobre el Estado de derecho publicado este martes por la Comisión Europea.
En él se constata que Hungría no ha hecho "ningún progreso" en siete de las ocho recomendaciones formuladas el año pasado, como las reformas sobre las normas relativas a los grupos de presión o 'lobbies', la lucha contra la corrupción o la independencia editorial de los medios de comunicación. "Es profundamente decepcionante que no estemos en condiciones de informar de nuevos avances en las recomendaciones que se hicieron el año pasado", ha declarado Michael McGrath, comisario europeo de Justicia, durante la presentación del informe.
"Desearía que fuera de otro modo y que el pueblo de Hungría, que es significativamente proeuropeo, estuviera en condiciones de beneficiarse de estos fondos, pero eso requiere el cumplimiento del Estado de derecho", ha dicho el comisario. "Estamos dispuestos a comprometernos y a avanzar sobre la base del diálogo pero, cuando eso falle, seguiremos haciendo uso de todas las herramientas que tenemos".
McGrath ha elevado la voz de alarma sobre el "deterioro" y la "inseguridad jurídica" de las organizaciones de la sociedad civil en Hungría, señalando dos acontecimientos recientes: la prohibición del desfile del Orgullo en Budapest, eludida por los organizadores, los ciudadanos capitalinos y varios activistas extranjeros, y un proyecto de ley sobre transparencia para las ONG financiadas desde el extranjero, que se ha retrasado tras las reacciones en contra.
El dinero actualmente congelado combina alrededor de 8.400 millones de euros en fondos de cohesión y 9.500 millones en fondos de recuperación pospandemia. Los desembolsos están sujetos al cumplimiento de condiciones que requieren cambios legislativos.
Hungría desbloqueó previamente 10.200 millones de euros tras aprobar una reforma destinada a reforzar la independencia judicial y mitigar la interferencia política en los tribunales. El momento elegido por la Comisión de desbloquearlos, en vísperas de una cumbre de alto nivel en la que se necesitaba el voto del primer ministro húngaro, provocó una demanda del Parlamento Europeo contra la Comisión de Ursula Von der Leyen. Los 18.000 millones de euros restantes siguen paralizados, sin señales de avance.
La disputa financiera ha exacerbado el enfrentamiento que desde hace años mantienen Bruselas y Budapest. El primer ministro, Viktor Orbán, acusa a la Comisión de "chantaje financiero" y de injerencia en asuntos internos. Al mismo tiempo, Orbán se ha negado a pagar una multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el incumplimiento "sin precedentes" de la legislación migratoria por parte del país. La multa consiste en 200 millones de euros y un millón de euros por cada día que continúe sin ser abonada. Dicha multa diaria se resta periódicamente de la parte asignada a Hungría del presupuesto de la UE.
"El cumplimiento de las sentencias del TJUE no es opcional ni discrecional. Es una obligación vinculante de los Estados miembros de la UE; es una obligación fundamental del Tratado", ha dicho McGrath. "La primacía del Derecho de la UE es absoluta y debe respetarse en todo momento". Los derechos fundamentales y la democracia ocuparán un lugar destacado en el debate sobre el próximo presupuesto plurianual del bloque (2028-2034), que se espera que Von der Leyen presente antes de agosto. La alemana ha prometido establecer un vínculo más estrecho entre los pagos de fondos de la UE y el cumplimiento del Informe sobre el Estado de Derecho.