El tramo de costa afectado se extiende oficialmente unos 165 kilómetros, con dotaciones de la Armada, drones y buques especializados desplegados para contener y recuperar los restos de hidrocarburos.
La contaminación preocupa porque el crudo sigue llegando a las playas públicas y a las zonas de pesca, lo que aumenta la inquietud entre los vecinos, los operadores turísticos y las comunidades costeras, que ya afrontan pérdidas económicas.
El Gobierno federal asegura que sigue realizando una investigación técnica y científica para identificar el origen del vertido, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sugerido que podría ser responsable una empresa privada y no la petrolera estatal Pemex.
Los grupos ecologistas cuestionan la versión oficial y sostienen que la zona contaminada podría ser mucho más amplia, y alertan de daños en los manglares, la fauna marina y la pesca.
El vertido se produce pocos días después de un mortal incendio en una refinería de Tabasco, lo que aumenta el escrutinio sobre las infraestructuras petroleras de México y los controles medioambientales.